El Consejo de Derechos Humanos de la ONU celebró, el 19 de marzo en Ginebra, su debate anual sobre los derechos de las personas con discapacidad centrado en la educación inclusiva, en el que la ONCE -representada por su directora de Relaciones Internacionales, Ana Peláez, miembro a su vez del  Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad- defendió este modelo de inclusión, que en España ha tenido a la ONCE como especial valedora, y reivindicó más medidas políticas que gobiernos e instituciones internacionales y nacionales deben poner en práctica para materializar el derecho a la educación contemplado en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Peláez explicó que es necesario incorporar a las personas con discapacidad en todo el proceso educativo, así como en el diseño de políticas y legislaciones, porque, en su opinión, “poco se les pregunta a los niños y niñas que están incluidos en las escuelas sobre cómo viven ellos ese proceso. Y esa participación de las  personas con discapacidad en todo el tránsito educativo también pasa por que puedan ser legisladores y responsables políticos en materia educativa”, comenta a nuestra revista. Expuso igualmente que, si bien la población con discapacidad en el mundo es de 1.000 millones de personas, la heterogeneidad del colectivo hace imprescindible que las políticas educativas no sean globales sino que tengan en cuenta la diversidad de las necesidades educativas de esta población para garantizar el proceso de inclusión educativa de cada niño y niña con discapacidad. Condición a la que, en muchos casos, se le añaden otros factores de discriminación múltiple como la raza o el género. Por todo ello, la responsable española enfatizó la importancia que en este ámbito tiene la cooperación internacional para sacar adelante el reto de la educación inclusiva en los países en vías de desarrollo, y el decisivo papel que desempeñan las alianzas público-privadas  para empezar a incorporar las nuevas tecnologías, que deberían ser accesibles desde su origen, en las aulas donde existen niños y niñas con discapacidad. Por último, expuso que el entorno escolar que ahora se debe abrir a la diversidad, tiene otros ámbitos que han de cuidarse: “los niños y niñas con discapacidad tienen que vivir en un entorno seguro, adecuado, que les ofrezca las mismas garantías y oportunidades. Esto aún no es una realidad en muchos lugares del mundo”, concluye Peláez.

La Convención, clave del cambio

Flavia Pansieri, alta comisionada adjunta para los Derechos Humanos, dijo en la apertura que la Convención de la ONU ha representado un cambio fundamental en el enfoque de los derechos del colectivo, al establecer que las personas con discapacidad son titulares de los derechos humanos en un igualdad de condiciones que el resto, por lo que los Estados deben revisar sus políticas para lograr, también en el ámbito educativo, sistemas inclusivos, contando en su diseño con la participación de las propias personas con discapacidad como pilar fundamental de esta transformación.

Junto a Ana Peláez intervinieron en el debate Gordon Porter, asesor del Ministerio de Educación de New Brunswick (Canadá); Philips Testut-Ferri, asesora principal de Educación de la Oficina Regional de UNICEF para América Central y Europa del Este y la Comunidad de Estados Independientes; y María Magdalena Orlando, experta Independiente de Argentina.

Tras las diferentes exposiciones, los participantes concluyeron que la educación inclusiva es “indispensable para lograr la realización del derecho a la educación para todos” y se reconoció que los principales obstáculos en ese camino son los prejuicios y conceptos erróneos; extremos que exigen acciones coherentes y sistemáticas de los gobiernos, además de una mayor concienciación entre el colectivo de  personas con discapacidad, especialistas y sociedad en general.

Mercedes Leal