La Unidad de Seguimiento de Juego Ilegal, adscrita a la Dirección General Adjunta de Coordinación y Recursos Humanos y Generales, es el órgano interno de la ONCE responsable del seguimiento de las actividades de juego ilegal en España y de planificar y coordinar las acciones contra dichas actividades en defensa de los intereses de la ONCE, en particular, y de los consumidores, en general. Conforme al marco instaurado por la Ley 13/2011, de 27 de mayo, sobre regulación del juego, la organización y comercialización de juegos de azar en España requiere la previa obtención de una autorización administrativa que otorga el órgano competente según el correspondiente ámbito territorial. La Administración General del Estado es competente para autorizar juegos de ámbito nacional, mientras que corresponde a las Comunidades Autónomas autorizar los que se desarrollan en sus respectivas demarcaciones.

Además, la Ley 13/2011 establece una reserva de la actividad del juego de lotería a escala nacional a favor de la ONCE y de la Sociedad Española de Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), con exclusión de cualquier otro operador; y tipifica como infracción “muy grave” tanto la organización y comercialización a nivel nacional de juegos sin autorización administrativa como la realización de actividades de juego de loterías con infracción de la citada reserva legal. Las normativas de todas las Comunidades Autónomas tipifican igualmente como infracciones muy graves la organización, práctica, celebración o explotación de juegos sin la correspondiente autorización administrativa, así como la celebración o práctica de los mismos fuera de los locales o recintos permitidos, o mediante personas no autorizadas o en condiciones distintas a las autorizadas. Las sanciones por la comisión de estas infracciones van desde la imposición de multas a la inhabilitación para el ejercicio de actividad de juego y la clausura del establecimiento.

Pero, pese a la claridad del marco regulatorio actual, y la potestad de los órganos estatales y autonómicos para perseguir y sancionar las actividades de juego ilegal, existe en España un buen número de entidades que explotan juegos sin la preceptiva autorización administrativa y con infracción de la reserva legal en materia de juegos de lotería. Casi todos los juegos ilegales que se desarrollan a través de redes minoristas son loterías que hacen competencia desleal directa a los productos de lotería de la ONCE. Estas actividades ilegales causan, además, graves perjuicios al conjunto de la sociedad, pues suponen:

• Actos de engaño y confusión entre los consumidores, por la total opacidad en cuanto al destino de los ingresos obtenidos; en algunos casos con fundadas sospechas de que se desvían al patrimonio personal de los dirigentes de la asociación en lugar de a financiar fines sociales como se pretende hacer creer.
• Fraude fiscal para el Estado y las Comunidades Autónomas.
• Vulneración de los derechos de los trabajadores con especial incidencia en colectivos de personas con discapacidad o más desfavorecidas.
• Incumplimiento de las normas de juego responsable.
• Quebranto de la imagen de personas con discapacidad.

La ONCE no tiene constancia de todas las actuaciones que se realizan en vía administrativa contra las asociaciones de juego ilegal en las distintas Comunidades Autónomas. Pero en no pocas ocasiones es ella misma quien pone en conocimiento de las Administraciones Públicas la información precisa para el inicio de actuaciones. En todo caso, hay constancia de diversas intervenciones administrativas que han concluido con una sanción económica contra los operadores ilegales (en especial la denominada OID) y que han sido recurridas ante los tribunales competentes. En este sentido, varios Tribunales Superiores de Justicia han tenido ocasión de pronunciarse en repetidas ocasiones en relación con los recursos interpuestos por la OID contra las sanciones impuestas por los órganos autonómicos competentes en materia de juego por la venta de boletos sin autorización. Todos los pronunciamientos judiciales han desestimado los recursos de la OID y han confirmado las sanciones.

Ello no obstante, y a pesar de los múltiples pronunciamientos administrativos y judiciales en contra de la OID, llama la atención que esta organización siga desarrollando sus actividades sin apenas trabas por parte de muchas autoridades, poniendo a la venta boletos que son una réplica casi exacta en formato, tamaño, grafía, etc. de los cupones de la ONCE y haciendo un uso no autorizado del número premiado en los sorteos de nuestro cupón. Creando con todo ello confusión en los consumidores y obteniendo un provecho ilícito de la reputación de la ONCE en su propio beneficio. Además, ello genera una creciente tensión e inquietud entre el colectivo de vendedores de la propia ONCE, que es conocedor de todas estas irregularidades y tiene que soportar en su labor cotidiana la competencia desleal e ilícita de los vendedores de los boletos de la OID como  del resto de operadores ilegales.

Estadísticas de su expansión en 2013

La Unidad de Seguimiento de Juego Ilegal de la ONCE elabora informes trimestrales, así como un informe anual sobre Juego Ilegal en España a partir de los informes elaborados por cada una de las Delegaciones Territoriales (DT) y Direcciones de Zona (DZ), que conforman la estructura territorial de nuestra institución.

La labor de investigación, seguimiento y recogida de datos que realizan los propios vendedores de la ONCE, así como los gestores comerciales de Ventas de la Organización y los mandos responsables de las DT y DZ permite contar con datos estimados tanto de facturación como de número de vendedores de estos operadores de juego ilegal, que resultan de gran utilidad para planificar las actuaciones contra el juego ilegal y los contactos con las autoridades administrativas y policiales. Entre estos datos, que deben tomarse en todo caso con prudencia al ser meras estimaciones dada la opacidad de la actuación de estas operadoras de juegos ilegales, podemos señalar los siguientes:

• Se estima que los diversos juegos ilegales que, a través de redes minoristas, hacen clara competencia desleal a la ONCE recaudaron en el territorio español durante 2013 en torno a 84 millones de euros, uno más que la cifra estimada en 2012, lo que significa un incremento del 1,2% en términos porcentuales, muy inferior al 22% que era el incremento porcentual estimado en el año 2012 respecto al precedente.
• Los vendedores detectados que se dedican a comercializar productos de juego ilegal en nuestro país, alcanzaron en 2013 la cifra de 3.726, cifra que en el 2012 era de 3.483, lo que supone un incremento del 6,98% en términos porcentuales, inferior, asimismo, al incremento de vendedores detectados en 2012 respecto al año anterior que fue del 16,27%.
• Atendiendo a la vertiente geográfica, y consiguientes dimensiones socioeconómicas concretas en cada caso, así como a las más genéricas del conjunto de país, las Comunidades Autónomas que presentan una mayor incidencia de actividades de juego ilegal son seis, siendo la más afectada la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde el pasado año se detectaron 1.202 vendedores de rifas ilegales que operan de manera activa, casi un tercio del total nacional; mientas que las ventas estimadas para dicha Comunidad suponen el 48% de las ventas totales de este sector, lo que evidencia la gravedad de la situación andaluza. Por su parte, en la Comunidad Autónoma de Canarias operan 706 vendedores de juego ilegal y en la Comunidad Valenciana 502, lo que supone que, entre ambas, aglutinan casi otro tercio del total de vendedores detectados en el conjunto del país, aunque el porcentaje en las ventas estimadas es notablemente inferior 22,7% entre las dos. Entre estas tres Comunidades Autónomas se concentran, por lo tanto, el 65% de los vendedores detectados y el 70% de las ventas estimadas en nuestro país. Si se añaden los datos de los vendedores de la Región de Murcia, Castilla-La Mancha y Extremadura (311, 280 y 204, respectivamente, hasta un total de 795) el número de vendedores en estas seis Comunidades Autónomas asciende a 3.205 -un 86% del total español- que comercializan el 91,26% de las ventas estimadas en el conjunto del país.
• En el extremo contrario, se sitúa La Rioja, donde sólo se ha detectado a un vendedor de la OID con un porcentaje de ventas estimadas que representa un 0,0077% respecto del total nacional (a falta de la cuantificación de las posibles ventas llevadas a cabo por los tres vendedores de la OID que han intentado reanudar la actividad de juego ilegal en la Comunidad Autónoma de Navarra a finales de 2013).
• La OID sigue siendo, con abrumadora diferencia, la principal asociación operadora de juego ilegal, al contar con una mayor implantación a escala tanto estatal como de Comunidades Autónomas. En 2013, su “cuota de mercado” estimada se elevó así al 80,68%; y su número de vendedores detectados supondrían el 77,89% del total.
• Las cifras estimadas para la OID en 2013 son, además, las de mayor envergadura de las recogidas en los informes elaborados hasta la fecha, suponiendo -en la comparativa de 2013 sobre 2012- que la OID experimentó en esos 12 meses un crecimiento de sus ventas estimadas del orden del 2,73%. A su vez, el número de vendedores de la OID detectados ha aumentado en términos interanuales en un 8,9%.
• Aunque con notables diferencias de ventas y número de vendedores entre unas y otras Comunidades Autónomas, la OID es la operadora ilegal hegemónica en todas ellas, con la sola excepción de Cataluña, donde ocupa el segundo puesto. Y en siete Comunidades (Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Extremadura, La Rioja, Murcia y este año también Navarra), la OID sigue siendo la única operadora de juego ilegal activa detectada.
• Las restantes asociaciones operadoras de juegos ilegales (un total de 22 en el año 2013) representan en su conjunto el 19,32% de la facturación estimada a nivel nacional del entorno de los juegos ilegales. En términos interanuales, las ventas estimadas del conjunto de esas 22 operadoras distintas de la OID han descendido un 6,98%. Su número de vendedores detectados en esos 12 meses creció un poco, pasando de 818 a finales de 2012 a 824 al final de 2013. Salvo la OID, presente en la totalidad del territorio español y ANDA, presente en 10 ámbitos territoriales, las demás asociaciones con relevancia en materia de juego ilegal (con facturación estimada de más de un millón de euros anuales) se concentran en áreas muy concretas: Papeletas Blancas en Cádiz y muy residualmente en el ámbito de la DT de Andalucía (Sevilla); FAMAC en Cataluña; La Paloma y Orda sólo en Cádiz; y La Rápida en Málaga.
• En cuanto a datos por provincias, Cádiz se sitúa a la cabeza, con datos ciertamente llamativos: en 2013, las ventas estimadas por juego ilegal en el ámbito de la DZ de la ONCE en Cádiz representan el 31,54% del total de ventas estimadas de todos los operadores de juego ilegal de nuestro país; y el número total de vendedores de juego ilegal, en este mismo ámbito, representa el 19,24% del total nacional. La OID es la organización de juego ilegal hegemónica también en Cádiz, con una cifra estimada de ventas de 17.802.000 euros, un 26,28% de la cifra de ventas estimada de la OID en el conjunto de España.

Las anteriores estadísticas muestran que existe una importante actividad de juego ilegal en toda la geografía española que no acaba de ser erradicada por las Administraciones Públicas. Así, es fundamental para la ONCE mantener su labor de control y seguimiento (con la inestimable ayuda de las DT y las DZ), y con la concienciación y sensibilización de los poderes públicos y de la sociedad en general para reforzar los controles y detectar, perseguir y conseguir la completa eliminación de estos juegos ilegales.