El Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia, integrado por los consejeros autonómicos responsables de dicho área y presidido por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, pactó por unanimidad el pasado 7 de octubre la constitución de un grupo de trabajo que evalúe la actual aplicación global de la Ley de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia y planteó la futura formulación de un nuevo “pacto por la Dependencia” de cara a la próxima legislatura.

Este grupo de trabajo habrá de “analizar el nivel de aplicación de la Ley, más allá de las evaluaciones anuales requeridas por la propia norma, para conocer qué aspectos se están desarrollando bien y en cuáles puede mejorarse”, señaló Alonso, que consideró “necesaria” esta revisión de la norma, una vez culminado su calendario de implantación, asegurando que el Ejecutivo no está cerrado a debatir sobre ningún aspecto, incluido el de la financiación.

Ministerio y autonomías acordaron además crear otro órgano paralelo que evalúe los resultados en la aplicación del baremo de Dependencia (aprobado en febrero de 2011) y que habrá de presentar sus conclusiones en los próximos meses. También se convino establecer un sistema que acredite la correspondiente cualificación de categorías profesionales en el sistema de Dependencia, con el objetivo -afirma el acuerdo- de “garantizar la profesionalización del sector y la calidad del empleo”. En esta línea se consensuó una ‘habilitación excepcional’ para los mayores de 55 años a 31 de diciembre de 2015, en las categorías de cuidador/gerocultor, auxiliar de ayuda a domicilio y asistente personal, que cuenten con una experiencia de al menos tres años y un mínimo de 2.000 horas trabajadas en esta categoría profesional en el último decenio.

El Consejo Territorial analizó igualmente las propuestas de las entidades sociales para culminar el documento base de Atención Sociosanitaria, que pretende aunar la atención social y sanitaria de los ciudadanos que las requieren; una dimensión que el ministro reconoció como “una prioridad” para su departamento, pero que aún se encuentra en fase de análisis.

Descendiendo a un terreno más concreto, Alonso solicitó la colaboración de las Comunidades Autónomas en el apoyo a los afectados por la talidomida, sobre todo en cuanto a valoración de la discapacidad que padecen los miembros de este colectivo, para que tengan acceso a las correspondientes prestaciones; y anunció la conclusión del trámite para proceder al reparto de las subvenciones sociales con cargo al IRPF, cuyo importe es de casi 221 millones de euros.