El presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, reclamó expresamente el cumplimiento de la legislación sobre inclusión de trabajadores con discapacidad en la negociación de los convenios colectivos, durante la jornada ‘Empleo, discapacidad y negociación colectiva’ que se celebró el 26 de octubre organizada por las Fundaciones ONCE y Largo Caballero. Una exigencia que responde al incumplimiento de las normas que, dijo, se sigue manteniendo en nuestro mercado laboral y que -en este periodo preelectoral- trasladó a los futuros gobiernos, para que se refuerce la apuesta que ha permitido en los últimos ejercicios materializar una sustancial mejora de las cifras de inclusión laboral en nuestro país.

En ese contexto, Carballeda destacó la contribución que puede suponer la negociación colectiva “como medio de sensibilización y una forma de acabar con los estereotipos”  frente a las barreras a la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Destacando la “pérdida de talento derivada de la difícil reincorporación” de los trabajadores con una discapacidad sobrevenida, que se ven, muchas veces, imposibilitados para volver a su empleo por falta de adaptaciones accesibles.

El secretario de Estado de Empleo, Juan Pablo Riesgo, que presidió el encuentro, defendió por su parte la gestión de su Gobierno en la última legislatura, que calificó como “la del empleo, y también del empleo de las personas con discapacidad”, avanzando que en el primer semestre de 2015 se firmaron 20.000 contratos más para personas con discapacidad que en el mismo periodo del año anterior, que ya había batido el récord histórico en este terreno. Aun reconociendo que “queda mucho por hacer”, Riesgo aseguró que “avanzamos también en calidad del empleo, pues los contratos indefinidos en ese periodo han aumentado un 22%”, dijo. Y expresó su confianza en que la recién presentada ‘Guía para favorecer el empleo de personas con discapacidad a través de la negociación colectiva’  ayude a sensibilizar a los agentes económicos y a mejorar, en último extremo, la situación del empleo para este colectivo.

Al respecto, Cándido Méndez, secretario general de UGT y patrono de la Fundación Francisco Largo Caballero, corresponsable del encuentro, reconoció que la incorporación de las personas con discapacidad a un puesto de trabajo es “el mejor mecanismo de socialización”. Y subrayó la necesidad de “hablar de derechos y no de discapacidad”.

Sustento estadístico

Las Fundaciones ONCE y Largo Caballero han impulsado, además de la ‘Guía sobre cómo favorecer el empleo de las personas con discapacidad a través de la negociación colectiva’, otros dos documentos de enorme interés en este terreno; los titulados ‘Ámbitos, procesos y procedimientos de la intermediación laboral dirigida a las personas con discapacidad’, y ‘El impacto de la negociación colectiva sobre los trabajadores y trabajadoras con discapacidad’.

De acuerdo con este último estudio, tras analizar una muestra de convenios de distintos ámbitos funcionales y territoriales, sólo cuatro de cada 10 convenios colectivos (un 39 %) incluyen en nuestro país alguna mención, general o específica,  a los trabajadores con discapacidad.

Compatibilizar pensión y salario

Unos días antes (el pasado 7 de octubre), el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) había expresado a la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, su satisfacción por la anunciada ampliación de la compatibilidad entre pensión no contributiva e ingresos por desarrollo de una actividad lucrativa, laboral o de formación. En presencia del secretario de Estado de la Seguridad Social, Tomás Burgos; el director general de Políticas de Apoyo a la Discapacidad, Ignacio Tremiño; el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato; y una amplia representación del CERMI, su presidente nacional, Luis Cayo Pérez, destacó que esta reforma de las pensiones no contributivas que amplía su compatibilidad con una dedicación laboral favorecerá la inserción de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo. “Queremos tener protección social cuando hay necesidades para la autonomía personal, por supuesto -manifestó-, pero siempre que sea posible deseamos ser personas activas y por tanto cotizantes”.

Recordó, no obstante, que queda un largo camino por recorrer y que la tasa de actividad del colectivo es del 36%, muy inferior a la de la población sin discapacidad, lo que exige -dijo- un nuevo modelo legal de inclusión laboral que espera pueda hacerse realidad en la próxima Legislatura.

Por su parte, la ministra Báñez ensalzó el trabajo del CERMI, “que nos da un ejemplo a todos de las cosas que se pueden conseguir trabajando con unidad y buscando el interés común y no el propio”, asegurando que el mundo de la discapacidad “siempre ofrece más de lo que pide”. Y expresó su confianza en que el récord de contratación laboral de personas con discapacidad alcanzado en 2014 (más de 200.000 empleos) pueda ser superado en este ejercicio.