El responsable europeo en materia de políticas de derechos de autor, ‘copyright’, Jörgen Gren (adscrito al vicepresidente de la Comisión, el estonio Andrus Ansip), se reunió el pasado 17 de mayo con la vicepresidenta de la Unión Europea de Ciegos (EBU), la española Bárbara Martín, así como con el representante de la Unión Mundial de Ciegos (WBU) en materia de ratificación del Tratado de Marrakech (sobre eliminación precisamente de derechos de autor para publicaciones adaptadas a personas con discapacidad), David Hammerstein.

Gren expresó a los representantes de las personas ciegas su apoyo decidido al proceso impulsado desde Marrakech, asegurando que desde la Comisión “aprecian y entienden” las reivindicaciones que contempla dicho documento; así como el compromiso del  vicepresidente Ansip ante el gran retraso con que la Unión Europea (UE) está afrontado el apoyo a esta ratificación. En tal sentido manifestó su apoyo para tratar de vencer las resistencia al proceso por parte de algunos de los países miembros, principalmente Italia y Alemania, que forman parte de la minoría de bloqueo en el Consejo. Igualmente anunció que el próximo mes de septiembre es la fecha límite para lanzar la iniciativa europea que se ocupe de regular la implementación del Tratado; en paralelo al segundo paquete sobre copyright. Circunstancia respecto de la que Hammerstein y Martín le advirtieron expresamente respecto a la necesidad de no mezclar ambas iniciativas, así como de evitar la exigencia de salvaguarda de la ‘Clausula de disponibilidad comercial’, por el impacto negativo que tendría su inclusión, abiertamente contraria a la filosofía del Tratado.

En el encuentro se hizo también balance de la situación que arroja el proceso de ratificación del Tratado. De las 20 ratificaciones que se requieren para su entrada en vigor, se cuenta ya con la de 17, tras sumarse recientemente (el 10 de mayo) Chile, y que completan Argentina, Australia, Brasil, El Salvador, Emiratos Árabes Unidos, India, Israel, Mali, México, Mongolia, Paraguay, Perú, República de Corea, República Popular Democrática de Corea, Singapur, y Uruguay. Están ya en proceso muy avanzado de ratificación Honduras, Panamá  y Guatemala, y en trámite parlamentario, Ecuador. Otros países latinoamericanos (Colombia, Costa Rica y República Dominicana) están a punto de ingresar al Congreso, mientras Bolivia, Cuba, Nicaragua y Venezuela analizan actualmente su adhesión. Por lo que respecta a España, una vez aprobada la ratificación por las instituciones, y salvados por tanto los escollos competenciales, estaría en condiciones de hacer el depósito del instrumento de adhesión en Ginebra.