Un total de 300 alumnos con discapacidad de 76 universidades y otros seis centros adscritos de toda España podrán acceder a una de las becas de prácticas para estudiantes universitarios con discapacidad, gracias a un acuerdo entre Fundación ONCE y la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (Crue). Con una inversión máxima de 540.000 euros (1.800 euros por beca) las ayudas cuentan con la cofinanciación del Fondo Social Europeo en el marco de su Programa Operativo de Inclusión y Economía Social 2014-2020.

El plan ‘Becas-Prácticas Fundación ONCE-Crue Universidades Españolas’ ofrece prácticas externas para alumnos con discapacidad a quienes se facilita una primera experiencia laboral con vistas a mejorar sus oportunidades y su carrera profesional. Además, persigue reforzar el compromiso de las empresas con la inclusión laboral de personas con discapacidad, también en empleos técnicos y altamente cualificados. 

El periodo de prácticas será de tres meses, ampliable a seis a instancias de la empresa, a partir del 1 de febrero de 2017, y podrá desarrollarse en grandes empresas, pymes, microempresas, entidades de la Economía Social y del Tercer Sector, así como otras instituciones y entidades públicas o privadas, con horarios de, en principio, 25 horas semanales.

El presidente de Crue Universidades Españolas, Segundo Píriz, y el vicepresidente ejecutivo de Fundación ONCE, Alberto Durán, rubricaron el acuerdo en un acto que contó con la presencia de Carmen Casero, directora general del Trabajo Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Píriz destacó la importancia de este acuerdo tanto por el número de becas que incorpora como por sus destinatarios, destacando que se trata de una iniciativa positiva “tanto para nuestros estudiantes para como el sistema universitario español”. Los datos revelan -aseguró- que casi el 40% de los universitarios que hacen prácticas en una empresa cuando terminan la universidad empiezan a trabajar en esa misma empresa. Por su parte, Alberto Durán recalcó la apuesta de Fundación ONCE por la presencia de alumnos con discapacidad en la universidad como “puente de acceso al empleo, y a un empleo de calidad”. Recordó que sólo el 7% de estos alumnos con discapacidad acceden a prácticas, lo que multiplica el valor de estas 300 nuevas ayudas, y reclamó que, en el futuro, todos los programas de becas incluyan reserva de plazas para alumnos con discapacidad. 

Por último, Carmen Casero alabó la labor de Fundación ONCE como “socio activo en la gestión del Fondo Social Europeo, con el que la Administración viene colaborando muy positivamente en la lucha contra la discriminación en el ámbito del empleo y la formación de las personas con discapacidad”.

Esta primera Convocatoria del Programa se desarrollará durante el curso académico 2016/2017 y las prácticas se podrán realizar hasta el 30 de octubre del año próximo, garantizando la compatibilidad con los compromisos de la actividad académica que ha de desarrollar el alumno en la universidad.

Podrán optar los universitarios con discapacidad igual o superior al 33%, matriculados en cualquier enseñanza oficial o propia de grado y/o máster impartida por la Universidad o por los Centros adscritos participantes, y que tengan superados créditos suficientes del correspondiente título. Se priorizará a alumnos de último curso y están excluidos quienes tengan alguna relación contractual de tipo laboral, de prestación de servicios o asimilable en el momento de disfrutar de la beca. Las inscripciones se realizan a través de la página web que Fundación ONCE tiene habilitada a dichos efectos. La iniciativa constituye en cierto sentido un respuesta al reciente informe ‘La empleabilidad de los estudiantes y titulados universitarios con discapacidad’, elaborado por Fundación ONCE y la UNED, según el cual sólo el 7,5% de los estudiantes con discapacidad habían realizado prácticas extracurriculares relacionadas con sus estudios y sólo el 34,5% conocía dentro de su universidad el servicio de orientación e inserción laboral. También se ha constatado el desconocimiento del tejido empresarial sobre el talento de las personas con discapacidad y el mantenimiento de prejuicios que dificultan sus prácticas laborales y redundan en un estado de discriminación laboral. El colectivo parte de una tasa de población activa de sólo el 38% y sufre un paro de 32,2%. La mayoría de estos escasos empleos responden además a ocupaciones de nivel formativo bajo o medio. Sin embargo, el nivel de estudios es un factor determinante en la integración laboral de las personas con discapacidad, ya que la tasa de población activa aumenta notablemente cuando hay un mayor nivel formativo, alcanzando el 57% entre quienes disponen de estudios superiores.