El delegado territorial de la ONCE en Canarias, José Antonio López Mármol, reclamó el pasado 27 de octubre, ante la Comisión de Discapacidad del Parlamento autonómico, una decidida toma de partido de los gobiernos tanto central como insular para erradicar la lacra del juego ilegal. Canarias es, tras Andalucía, la segunda comunidad con mayor volumen de esta actividad delictiva en nuestro país, con unos 13 de los 83 millones que mueve este sector clandestino en España. En concreto, la ONCE propuso un texto como ‘proposición no de ley’ para su posible impulso por los diputados, obteniendo el compromiso de todos los grupos de estudiarlo para su posible impulso en esta Legislatura.

Mármol insistió en los daños que esta actividad deriva para las personas con discapacidad que, señaló, en el archipiélago centralizan cuatro operadores, pues la permisividad hacia su comportamiento contribuye a la economía sumergida y a desvirtuar la imagen de la discapacidad.

El responsable de la ONCE contextualizó el peso de la organización en el mercado de juego canario: apenas un 5,4% frente al 26,3% de Loterías y Apuestas del Estado y el irresistible ascenso del juego privado “sin fines sociales y en parte ilegal”, denunció. Contexto en el que la ONCE presenta esta proposición no de ley, en la línea de otro presentado ya en la Asamblea de Murcia para poner coto a este irregular negocio.

López Mármol ´ofreció una panorámica de la evolución de la ONCE y de su enorme tarea social en nuestros días, junto a Fundación ONCE y al Grupo ILUNION, para la que es vital -dijo- la salud comercial de sus juegos sociales.

E insistió en que estos operadores ilegales distorsionan además la imagen de las personas con discapacidad, a las que manipulan con frecuencia al tiempo que utilizan a otras sin discapacidad real sino simulada.

Con la proposición planteada, la ONCE anima al Parlamento canario para que inste al ejecutivo regional y al central a imponer las sanciones oportunas y perseguir estas actuaciones ilegales: "no nos sirve  -matizó- que el Gobierno canario diga que la competencia es del central, porque él también tiene capacidad para sancionar".

Según sus datos, los cuatro operadores de juego ilegal que actúan en las Islas -OID, Aganey, B. Altagracia y Anda- cuentan con 753 vendedores y representan un 16,26% de las ventas sobre el total nacional, siendo la OID la de mayor implantación.