Mejorar el sistema de Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia ha de ser una prioridad en los próximos años, “pues para 2030 ó 2040 habrá más personas que tengan más de 65 años que trabajando”, lo que incrementará el número de quienes necesiten apoyos, manifestó el que fuera ministro de Trabajo y Asuntos Sociales cuando se aprobó la conocida como Ley de la Dependencia, Jesús Caldera. El exministro (durante la etapa de José Luis Rodríguez Zapatero) hizo este llamamiento en el transcurso de las jornadads ’2006-2016: 10 años de la Ley 39/2006: ¿Más y mejor protección social una década después?’, organizadas por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), organizadas los días 15 y 16 de diciembre en el Complejo Deportivo y Cultural de la ONCE en Madrid.

Caldera recordó que, “cuando empezamos a tratar este tema en 2004 para el programa electoral del PSOE, nadie había oído hablar de dependencia en este país”, y luego -subrayó- se alcanzó un consenso sobre la que desde entonces se considera “cuarta pata del Estado de bienestar”. Una cartera de derechos contemplada en un reducido número de países, que “se pueden contar con los dedos de una mano”, dijo, y que hoy nadie discute pese a los perjuicios de la crisis económica.

El político socialista destacó el fuerte contenido económico de esta norma y señaló que, “si entendiéramos cómo va a evolucionar el tejido productivo en nuestro país la reforzaríamos aún más”, pues favorece un mercado de empleo “que no se puede deslocalizar”, lo que hace que se recupere en buena parte lo invertido en el sector. Medio millón de personas -aseguró- podrían acceder a un puesto de trabajo en el sector sociosanitario si hacemos las cosas bien.

El extitular de Asuntos Sociales sugirió revisar los actuales criterios de copago, pues, de acuerdo a criterios de justicia y solidaridad, “quien tiene recursos elevados debe aportar en función de su capacidad económica”.

Los efectos de la crisis

Por su parte, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, reflexionó sobre la desgraciada coincidencia de esta primera década de aplicación de la Ley con la más grave crisis económica y social. Pese a ello, reivindicó, “esta Ley debe ser irreversible, constituye un bien social y una gran conquista. Hace 10 años fue inédito que los derechos sociales comenzasen a regularse en clave de derechos subjetivos y fundamentales, y debemos continuar en esa senda”.

Respecto a las deficiencias de aplicación, asumió que, política y socialmente “no hemos estado a la altura del desafío que suponía la Ley de Autonomía Personal y Dependencia”, por lo que que casi una de cada tres personas con derecho a beneficiarse de apoyos está en lista de espera, sin percibirlos.

No obstante, matizó, debemos quedarnos con lo bueno, con encarar las necesidades sociales desde el punto de vista de derechos subjetivos, e intentar acompañarlo de una arquitectura de financiación adecuada.

Patricia Sanz, vicepresidenta de la ONCE, que era anfitriona del encuentro, destacó por su parte que “la Ley generó muchas expectativas y ha cubierto algunas necesidades... En su décimo aniversario hay que mirar hacia adelante y avanzar en aquello que todavía no se ha contemplado”. Pero, advirtió, “es fundamental que se deslinden bien los conceptos de dependencia y discapacidad”. Una confusión -advirtió- que puede haber contribuido a que no se desarrollara plenamente el primer apellido de la ley: la promoción de la autonomía personal. Porque además, insistió, “si se desarrollara con recursos suficientes, habría menos personas que, a corto plazo, lleguen a ser dependientes”.

El jefe del Área de Sanidad y Política Social del Defensor del Pueblo, Bartolomé José Martínez, destacó que, “desde 2006, cuando se promulga esta Ley, nuestra institución ha recibido 2.058 quejas de ciudadanos. Si tenemos en cuenta las personas que solicitan la dependencia o que ya la tienen reconocida en relación al número de quejas, éstas son muy escasas y esto se puede deber al hastío administrativo de las personas con dependencia y sus familias o a la poca confianza que tienen de que se resuelva su problema”. Mientras la directora del IMSERSO, Carmen Balfagón, coincidía en que “hay que profundizar en la promoción de la autonomía personal” y añadía la necesidad de aplicar la norma con criterios de igualdad en todo el territorio nacional, garantizando “la dignidad del dependiente allí donde esté”.

La opinión de los expertos

Intervinieron también varios expertos, como el sociólogo Antonio Jiménez que reclamó “pasar de una visión asistencial a otra de derechos”, pues “no siempre -lamentó- se acaban poniendo en práctica las intenciones que tiene el legislador en el momento de aprobar una ley”. Lamentando que el número de beneficiarios se estancara entre 2011 y 2015; que haya disminuido el número de cuidadores no profesionales que reciben prestaciones desde 2013 (lo que, denunció, perjudica fundamentalmente a mujeres mayores); y que existan listas de espera no razonables para recibir los servicios a los que se tiene derecho.

Entre los aspectos positivos Jiménez aludió al impacto sobre el empleo, pues desde 2007 el número de empleados en prestación de servicios sociales ha pasado de 280.000 a más de 450.000, “en gran parte, gracias a la Ley de Dependencia”. Una tendencia que en su opinión hay que reforzar mediante un acuerdo de estado entre partidos y sociedad civil que garantice la financiación del sistema; proponiendo una reforma constitucional que haga irreversibles los derechos sociales, afrontar las deudas acumuladas por el sistema, o establecer una vía rápida de acceso a estos servicios para las personas que estén en situaciones vulnerables.

En esta línea, Pablo Cobo, experto en políticas públicas de protección social, mostró su convencimiento de que “la ley que en su día aprobamos con tanta ilusión y expectativas funcionará tan bien como las pensiones de la Seguridad Social”. E hizo un llamamiento a “estudiar por qué no se están cubriendo las condiciones mínimas de financiación” (sólo este año la Administración central aportará 1.000 millones de euros menos de lo que correspondería), lo que hace que el número de beneficiarios no alcance ni las 900.000 personas, 700.000 menos de lo que se esperaba para este momento... “El anclaje constitucional de la Ley de Dependencia es total, pero lo que no se cumple es el reparto al 50% de la financiación del sistema entre el Estado y las Comunidades Autónomas”, zanjó Pablo Cobo.