35 AÑOS CONSTRUYENDO EN DEMOCRACIA
El pasado 19 de enero la ONCE celebró el 35 aniversario de su incorporación al régimen democrático. Muchos ciudadanos cercanos a nuestra entidad, incluso colaboradores y amigos en este ya dilatado trayecto, lo ignoran, o el paso del tiempo lo ha borrado de su memoria, pero esta Organización tuvo que esperar más de tres años tras ser aprobada la Constitución del 78 -que consagraba la igualdad y los derechos democráticos de todos los españoles- para poder comenzar a regir su propio destino institucional a través de las primeras elecciones internas protagonizadas por sus afiliados.
No fue un proceso sencillo y hubo que vencer importantes resistencias y rancios paternalismos pero, en efecto, un 19 de enero de 1982, los entonces apenas 25.000 españoles ciegos o con graves problemas de visión que se agrupaban en la Institución pudieron, por primera vez en sus vidas, ejercer el derecho a voto para elegir a los representantes que consideraran más idóneos para representar sus intereses. Hoy, 35 años después, tras 10 procesos electorales con una elevada participación general, los mayores de 18 años de los más de 72.000 afiliados actuales eligen cada cuatro años a sus legítimos representantes. Lo hacen en libertad, con entusiasmo y conscientes del compromiso que les ha permitido transformar la institución que heredaron en una ONCE moderna, sostenida y sostenible, que alcanza y garantiza las mayores cotas de ciudadanía para las personas ciegas y, por extensión, para el conjunto de quienes tienen alguna discapacidad. Y orgullosos de que esa tarea ha convertido a la Organización en un auténtico modelo aplaudido dentro y fuera de nuestras fronteras, alcanzando los más prestigiosos galardones, como el Premio Príncipe de Asturias a la Concordia 2013.
Herederos directos de aquellos ciegos que se negaron a vivir de la asistencia social (cuando se fundó la ONCE en 1938, pese al dramático marco de las postrimerías de la Guerra Civil que les tocó vivir), los actuales afiliados a la entidad gozan del reconocimiento del pueblo español y de las estructuras del Estado que respetan su autonomía y valoran su contribución a una sociedad más justa e inclusiva en todos los órdenes y especialmente en torno a sus dos pilares básicos de desarrollo: la educación y el empleo como garantes de la integración y de la dignidad de todas las personas.
