Más de 500 personas se reunieron el 8 de febrero en Madrid, ante el Tribunal Constitucional, para exigir el derecho al voto de todas las personas con discapacidad. Una concentración organizada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, junto a Down España y la asociación Plena Inclusión, a la que se adhirieron representes del resto de organizaciones de personas con discapacidad, entre ellas el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda. Juntos reivindicaron el derecho de sufragio de casi 100.000 personas con discapacidad que actualmente no lo disfrutan en nuestro país por una sentencia de incapacitación.

El desencadenante de la protesta, bajo el lema #MiVotoCuenta, fue el fallo del Constitucional en contra de un recurso de amparo presentado por la familia de Mara, una joven gallega con discapacidad intelectual que lucha para poder ejercer el derecho al voto, consiguiendo el apoyo expreso de Inclusion Europe, organización que representa a nivel europeo a personas con discapacidad y sus familias.

Acompañando a los presidentes de las tres entidades convocantes, Santiago López (Plena Inclusión), José Fabián Cámara (DOWN ESPAÑA) y Luis Cayo Pérez (CERMI), estuvieron la madre de Mara y Antonio Hinojosa, persona con discapacidad intelectual miembro de Plena Inclusión, que dieron lectura a un manifiesto (0,05 MB) que denuncia la flagrante vulneración de los derechos de las personas con discapacidad que supone arrebatarles el derecho al voto, pues -arguyen- “al resto de la ciudadanía no se le realiza un examen para estudiar si alguien cuenta o no con unos supuestos conocimientos necesarios para votar, por lo que presuponer que una persona con discapacidad no puede ejercer un derecho fundamental en democracia cercena cualquier principio de igualdad”.

Los participantes, con representaciones de afectados procedentes de Comunidades como Galicia, Aragón, Extremadura, Castilla y León y Castilla-La La Mancha, además de Madrid, corearon lemas como “con mi voto no se juega” o “queremos votar” y portaron pancartas en las que podía leer “Mi voto también cuenta”.

Las organizaciones convocantes denuncian que cualquier negación del derecho al sufragio por tener una discapacidad supone una clara discriminación, y vulnera la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad ratificada por España en 2008.

Luis Cayo Pérez señaló que “la experiencia del sector de la discapacidad con el Tribunal Constitucional es de permanente frustración y decepción, pues -denunció- no ha asumido ni conoce ni practica la dimensión de derechos humanos con la que ha de abordarse la realidad de las personas con discapacidad”. Calificó en esta línea de “antediluviano” el enfoque que aplica el Alto Tribunal; y en lo que a esta cuestión del derecho al voto se refiere, aseguró que considera a las personas con discapacidad, como “seres débiles, frágiles e influenciables, sometidos a instancias ajenas a sí mismas, que no pueden ejercer sus derechos como cualquier otro miembro de la comunidad, y sanciona su privación”.

El presidente del CERMI se congratuló, eso sí, del voto particular de la magistrada Adela Asua en contra de la denegación del recurso de amparo de la joven gallega. Su posición -estima Luis Cayo Pérez-  “reprocha implícitamente a la mayoría que dictó el auto la incomprensión y el error, jurídico, y para CERMI también ético, que cometen contra las personas con discapacidad”. Como corolario de este duro alegato, el presidente del máximo órgano de representación de las personas con discapacidad en España exigió la modificación de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General para que la legislación garantice el derecho de sufragio de todas las personas con discapacidad.

En la misma línea, Santiago López, de Plena inclusión, aseguró que cada uno ha de asumir su parte de responsabilidad: “el Gobierno, no demorar la reforma de la LOREG; la Junta Electoral, mejorar los procesos para ejercer el derecho al voto; los partidos, facilitar el acceso de las personas con discapacidad a su organización; los jueces, no perder de vista el artículo 29 de la Convención de la ONU a la hora de interpretar la Ley... Y a las personas con discapacidad nos toca tomar conciencia, con la ayuda de la accesibilidad cognitiva y el acceso a la información. Los familiares -afirmó también- somos el siguiente escalón y debemos estar muy atentos en todo el proceso y no transigir con usos y costumbres instaurados. Para todo ello es imprescindible el apoyo y la información que recibimos de cada una de las 900 entidades que formamos Plena Inclusión”.

Por su parte, en nombre de DOWN ESPAÑA, José Fabián Cámara, consideró que este proceso “está poniendo en evidencia, una vez más, que el poder judicial de nuestro país sigue manteniendo criterios claramente discriminatorios hacia las personas con discapacidad”, uniendo en la denuncia no sólo al Constitucional sino también al Supremo por vulnerar los principios de igualdad de la Constitución y de la Convención de la ONU. “No podemos quedarnos de brazos cruzados ante una violación tan flagrante. Hemos de alzar la voz para denunciarlo y reclamar que en nuestro país se respeten los derechos civiles de toda la población, con o sin discapacidad... Porque   obligar a los jueces a realizar un examen para constatar la capacidad de comprensión de las personas con discapacidad para poder votar supone segregar a nuestro colectivo y someterlo a un proceso denigrante, en cuanto no se le solicita el resto de la sociedad”, concluyó Cámara.

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