Carballeda agradece a nuestro colectivo su apoyo a la ILP contra el ‘copago’ en Dependencia
El Congreso de los Diputados aprobó este 7 de marzo la toma en consideración de la proposición de ley surgida de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que presentó el CERMI contra los actuales criterios de copago en materia de autonomía personal y atención a la dependencia, que, a su juicio, llegan a tener carácter “confiscatorio”. Para ser admitida, la ILP recabó cerca de 740.000 firmas de apoyo, con una significativa contribución de los afiliados y trabajadores de la ONCE, su Fundación e ILUNION. La iniciativa fue respaldada en el Parlamento con 326 votos a favor, ninguna abstención y cinco votos en contra.
Por este motivo, el presidente de la ONCE y su Fundación, Miguel Carballeda, ha querido agradecer a todos los miembros de nuestro colectivo su “compromiso e implicación en esta cuestión” y hacerlo extensivo “a cuantos en su momento colaboraron en la iniciativa”. “Sin duda, cuando las gentes de la ONCE nos ponemos una meta, nos sobra espíritu colectivo y capacidad de trabajo para conseguirla”, apostilla en su comunicado interno.
El CERMI promovió la recogida de firmas para llevar al Parlamento esta ILP por entender que el actual modelo de copago expulsa a muchas personas posibles beneficiarias del sistema de dependencia al no poder afrontar los gastos. Además, permite grandes diferencias entre comunidades autónomas, existiendo territorios en los que el coste es cero y otros en los que llega al 90% de la cuantía total del servicio, y por tanto perjudica a muchas personas.
Por todo ello, plantea establecer un copago máximo del 60% para la persona beneficiaria, dejando libertad a las regiones que deseen establecer porcentajes inferiores e incluso eximir de cualquier gasto a quienes posean una renta inferior a 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem). Luis Cayo Pérez, presidente del CERMI, aseguró al presentar esta iniciativa ante los grupos en la Comisión de Sanidad y Servicios Sociales del Congreso que es necesario tener en cuenta si la situación de dependencia ha sido adquirida o es de nacimiento, puesto que en este segundo caso la persona afectada puede no haber podido generar ingresos propios, así como haber tenido que afrontar gastos durante muchos más años.
La diputada del Grupo Parlamentario Socialista María Soledad Pérez fue la encargada de defender la proposición de ley en el Pleno de la Cámara Baja, aunque señaló que "hubiera sido deseable que lo hubieran hecho los propios representantes del CERMI, teniendo en cuenta el trabajo realizado por este Comité para reunir alrededor de 740.000 firmas para presentar la iniciativa”.
La parlamentaria recordó que “la ley que pusimos en marcha en 2007, reconociendo el derecho de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas por los poderes públicos, vino a dar respuesta a una demanda”, pero, sin embargo, “el sistema de Dependencia fue brutalmente atacado” en forma de recortes y reformas como, por ejemplo, implantado “un copago imposible para el cuidado y atención de las personas en situación de dependencia”. En este sentido, manifestó que “se ha vulnerado el derecho a la promoción de la autonomía personal y atención a la dependencia, así como el principio de igualdad”, y detalló que en estos momentos alrededor de 350.000 personas permanecen en el 'limbo de la dependencia'. Añadió que estos últimos cinco años más de 150.000 personas fallecieron sin haber llegado a recibir las prestaciones o servicios que les correspondían y tenían reconocidos.
El resto de grupos parlamentarios se mostró a favor de iniciar la tramitación de esta iniciativa legislativa, a excepción del PNV, cuyo diputado Iñigo Bandiarán manifestó que la misma “vulnera el reparto competencial entre el Estado y las comunidades autónomas”. Aseguró al respecto que “se está intentando cobijar, bajo el paraguas aparente de un derecho necesitado de regulación en aspectos básicos, para legislar ámbitos concretos de gestión del Título de servicios sociales que perfectamente pueden ser diseñados por el legislador autonómico atendiendo tanto a sus competencias como a sus características particulares”.