La Comisión Europea ha difundido este mes de julio una importante Comunicación con directrices que, aunque con carácter no obligatorio, tendrá sin duda una positiva repercusión en la elaboración de los informes no financieros que se lleven a cabo en el seno de la UE. La nueva norma, dictada a instancias de una proposición de Fundación ONCE a Bruselas, complementa la Directiva 2014/95 sobre esta materia e incluye aspectos claves respecto a la inclusión de las personas con discapacidad en lo que se refiere a la diversidad de las plantillas, de los miembros de los órganos de gobierno empresariales, de los consumidores y en relación con el respeto a los derechos humanos, visibilizando al colectivo de los europeos con discapacidad.

Un paso que el director de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) y Relaciones Institucionales de Fundación ONCE y de ILUNION, Fernando Riaño, ha querido poner en  valor, destacando la explícita mención que se hace de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, lo que “supone –afirma- un gran aval para impulsar la inclusión de las personas con discapacidad en la gestión empresarial de una forma transversal”. Pues la Comunicación de autoridades comunitarias se proyecta sobre aspectos muy diversos: el respeto a la diversidad, la inclusión, el gobierno corporativo o los derechos de los consumidores. “Las directrices de esta guía facilitarán a las empresas la integración de la información ambiental,  social y de gobierno material en los negocios, así como innovar y adaptar sus informes a las circunstancias particulares de cada uno”, insiste Riaño.

Su colaboradora y representante del Departamento de Programas Europeos de Fundación ONCE, Carla Bonino, que ha desempeñado en este proceso la interlocución con la Comisión Europea, afirma por su parte que, “tras la incorporación de la discapacidad en la agenda europea de RSC en 2011, esta nueva guía es el hito más relevante en el ámbito de la UE para reforzar la discapacidad en la gestión empresarial, la RSC y la sostenibilidad”, felicitándose de que “la Comisión haya incluido nuestras propuestas”, como un paso más hacia “la transversalidad de la discapacidad en las agendas europeas”.

La Directiva afecta a todas aquellas empresas que sean entidades de interés público y que a fecha de cierre del balance dispongan de un número medio superior a 500 empleados. Este es un ámbito de aplicación mínimo, que puede ser ampliado por las diferentes normas de trasposición que aprueben los Estados Miembros.