El proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Congreso de los Diputados y ahora pendiente del trámite de su paso por el Senado, refuerza la dimensión social de la contratación pública, al establecer una reserva de contratos públicos en el ámbito de la Administración General del Estado en favor de centros especiales de empleo de iniciativa social y de empresas de inserción del 7%, inicialmente, y del 10% transcurrido un plazo de cuatro años desde la entrada en vigor de esta norma legal. Así pues, el legislador hace suyas en este punto las propuestas del CERMI, que presentó enmiendas a los grupos parlamentarios para la mejora del proyecto de ley remitido en su día por el Gobierno.

El porcentaje concreto de reserva de contratos se difiere a la aprobación de un acuerdo del Consejo de Ministros en esta materia, que si no se materializa en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, será del 7%, al inicio, y del 10% en el plazo señalado de cuatro años por defecto.

Como otra novedad destacable, la nueva Ley de Contratos circunscribe la reserva de licitaciones públicas sólo a los centros especiales de empleo de iniciativa social, categoría legal no existente hasta ahora y que queda configurada en el texto mediante la oportuna modificación de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, que regula con carácter general los centros especiales de empleo en la legislación española.

Así, el proyecto de ley aprobado por el Congreso, y que continuará ahora su tramitación en el Senado tras el periodo de vacaciones estivales, recoge estas propuestas planteadas por el CERMI en materia de cláusulas sociales, accesibilidad universal y concertación social, que refuerzan con carácter global la dimensión social de la contratación pública.