"No sólo perseguimos delitos, también protegemos a quienes más lo necesitan", afirma su titular, José Manuel Maza

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, y el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, renovaron el pasado 23 de octubre el convenio de colaboración que mantienen y en virtud del cual se renuevan y amplían las líneas de trabajo existentes para avanzar en la protección de la igualdad de derechos de las personas con discapacidad y sus familias. El convenio recuerda que la disposición adicional primera del Real decreto 1276/2011, de 16 de noviembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, designó al CERMI como entidad independiente para promover, proteger y supervisar la aplicación en España de la Convención, de conformidad con su artículo 33.2.

El nuevo texto rubricado ahora por el CERMI y la Fiscalía General del Estado (FGE) recoge que se establecerá un cauce estable de comunicación e intercambio de información entre ambas instituciones respecto de los casos que puedan suponer una flagrante vulneración de derechos fundamentales de las personas con discapacidad, para lo que se nombrará un representante del CERMI y otro de la FGE a los que quedará encomendada la función de interlocución. Este nombramiento será comunicado por escrito y tendrá la duración que se establezca en la respectiva comunicación. Además, abre la puerta a desplegar acciones formativas y de sensibilización en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Tras la firma, Maza puso de manifiesto que para él es “un honor” la firma de este acuerdo, e hizo un reconocimiento al trabajo de anteriores fiscales del Estado por haberlo puesto en marcha y haberlo mantenido en el tiempo. “Los fiscales no son solamente quienes persiguen los delitos, sino también los grandes protectores de quienes más lo necesitan. Esperamos seguir estando a la altura con la firma de este convenio y continuar mejorando”, apuntó. También señaló que “una sociedad se mide, en cuanto a sus valores éticos, por estar preocupada por las personas que necesitan más apoyos. Es realmente como se demuestra la fibra sensible de la sociedad”.

Por su parte, Luis Cayo Pérez reconoció que “siempre hemos visto en el ministerio fiscal y en las personas que lo integran a un aliado potencial de las personas con discapacidad y sus familias y una disposición acreditada de colaboración activa en esa labor que tiene la Fiscalía de proteger y promover la acción de la justicia para las personas que tienen más dificultades de acceso a derechos y bienes”. Y subrayó que este acuerdo, que lleva funcionando con la Fiscalía hace muchos años, no se ha quedado únicamente en el papel, “sino que se ha traducido en medidas, toma de conciencia y ha favorecido el ejercicio de derechos por parte de las personas con discapacidad”.