Este martes 31 de octubre, la sede del Consejo General de la ONCE ha servido de simbólica sede para formalizar un convenio de gran trascendencia, por el que la Unión General de Trabajadores (UGT) se alía con las dos organizaciones más emblemáticas de la discapacidad globalmente considerada en nuestro país -la Fundación ONCE y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI)-, con el objetivo central de “conseguir la plena integración, la igualdad de oportunidades y de trato y la no discriminación sociolaboral de las personas con discapacidad”.

Una demostración práctica de “la coincidencia y la complicidad compartida por nuestras tres instituciones por contribuir a un mundo mejor, más justo y con menores barreras”, en palabras del presidente de la ONCE, Miguel Carballeda, quien pidió (0,44 MB) al secretario general de la popular Confederación Sindical UGT, con quien rubricó el acuerdo, Pepe Álvarez, que se convierta en la “punta de lanza definitiva por el empleo de las personas con discapacidad” .

UGT se alía de este modo con las reivindicaciones capitales de las personas con discapacidad, en el ámbito de la inclusión e igualmente en materia de “accesibilidad universal para la utilización de bienes y servicios”. El sindicato explica que esta iniciativa se enmarca en sus políticas sociales que, respecto a este colectivo, contemplan como “prioridad” su integración social y laboral, “en condiciones de igualdad y no discriminación”. Como señaló Álvarez (0,49 MB), “este acuerdo está para cumplirlo y se sitúa en perfecta sintonía con nuestros principios de lucha histórica por la igualdad de todas las personas”.

Para la ONCE y su Fundación esta unidad de planteamientos y de acción institucional es capital para dar respuesta a las necesidades de los más de 70.000 afiliados a la Organización, y a los más de cuatro millones de españoles con discapacidad. En tal sentido, la Fundación ONCE para la Cooperación e Inclusión Social de las Personas con Discapacidad, que en sus casi 30 años de vida ha incorporado (además de la ONCE como entidad fundadora) al resto de principales organizaciones nacionales de personas con discapacidad, y el CERMI, que lleva dos décadas aglutinando a todas estas entidades a escala autonómica y nacional y las representa ante las instituciones públicas y las organizaciones internacionales de su sector, expresan su satisfacción por este compromiso de una de las principales fuerzas representativas del movimiento de los trabajadores en España. Para el presidente del CERMI, Luis cayo Pérez, quien rubricó el acuerdo por parte del CERMI, esta alianza tiene una gran transcendencia ya que “por primera ver se coordinan las agendas de los diferentes agentes sociales y laborales oara conseguir hacer realidad las aspiraciones sociales y laborales de millones de personas con discapacidad en nuestro país”, señaló (0,58 MB).

El convenio asume la actual situación de discriminación a que se ve sometida con frecuencia este importante sector de población (que ronda los cuatro millones de personas en nuestro país) en materia de relaciones laborales: acceso al empleo, retribución, promoción profesional, etc. Y plantea “el desafío y la oportunidad” de alcanzar en un futuro inmediato la “igualdad de trato”, como principio fundamental del ámbito sociolaboral. Retos que exigen -reconoció Carballeda- “contar con los mejores compañeros de viaje”, ya que el empleo es el principal objetivo para el movimiento de la discapacidad en nuestro país “y factor clave en la autonomía y emancipación de las personas a las que representamos, y para el que hay que buscar mejores marcos normativos” según Alberto Durán (0,26 MB), vicepresidente de la Fundación ONCE y presidente del grupo de empresas sociales ILUNION, que moderó el acto.

En el recorrido hacia ese horizonte de igualdad de oportunidades laborales, se contemplan medidas como el fomento del acceso al empleo ordinario y la lucha contra la discriminación por razón de discapacidad o fórmulas de apoyo específico a estos trabajadores; tanto mediante la cuota de reserva de puestos de trabajo en el mercado ordinario como bajo la fórmula de promoción de los Centros Especiales de Empleo. Y en la estrategia para hacer realidad estos objetivos, las tres entidades firmantes se comprometen al mutuo apoyo y coordinación de sus iniciativas en este terreno, intercambiando información y compartiendo líneas programáticas de actuación.

Estrategias

El convenio contempla al respecto actuaciones conjuntas en diversos frentes:

1) En el ámbito de la reivindicación social:

• Instar al desarrollo de un nuevo marco legal y una Estrategia Nacional para el Empleo de las Personas con Discapacidad, que coadyuve a que la tasa de actividad entre las personas con discapacidad sea al menos del 50%.
• Prestar especial atención a la discapacidad sobrevenida, con criterios de permanencia y mecanismos aplicables en las empresas y en la Administración y servicios públicos, que aseguren la permanencia en el empleo y su compatibilidad con el derecho a una prestación por incapacidad (según dispone el artículo 27.1 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad).
• Impulsar medidas efectivas para el cumplimiento de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Laboral, exigiendo su cumplimiento efectivo respecto a contratación de personas con discapacidad intensificando la Inspección de Trabajo.
• Actualizar el modelo de empleo de trabajadores con discapacidad, mediante una nueva Ley de Inclusión Laboral, que modernice el modelo de Centro Especial de Empleo y recoja nuevas realidades como son el emprendimiento o el empleo con apoyo.
• Cualquier otra actuación que impulse la consideración de la discapacidad como elemento transversal en el dialogo social y en las políticas de empleo.

2) En materia de Igualdad en el Empleo:

• Hacer de la negociación colectiva un instrumento de inclusión que promueva el empleo, el desarrollo profesional y social de las personas trabajadoras con discapacidad; dirigiendo la acción sindical, a la contratación efectiva por todas las empresas con independencia del número de trabajadores y trabajadoras que las compongan.
• Velar para que tanto la contratación como el desarrollo de la actividad laboral se realicen en las mismas condiciones que con el resto de trabajadores y trabajadoras, especialmente en el desarrollo personal y profesional, los ascensos y las promociones.
• Promover que los Convenios Colectivos incluyan cláusulas específicas de no discriminación y protección del empleo para los trabajadores con discapacidades sobrevenidas.
• Impulsar el tratamiento de la discapacidad en los Planes de Igualdad, abordando específicamente la igualdad de oportunidades y los mecanismos para hacerlos efectivos.
• Fomentar la firma de Convenios Colectivos provinciales, autonómicos, estatales y sectoriales, frente a los convenios de empresa.

3) En el capítulo de Formación Sindical:

• Desarrollar un programa específico de formación sobre Discapacidad e impacto de la Convención de la ONU en la negociación colectiva, dirigido a los comités de empresa y cuadros sindicales.
• Favorecer la formación y participación sindical de las personas con discapacidad, con fórmulas innovadoras como, en su caso, los tutores sindicales que aseguren los derechos de trabajadores con discapacidad.

4) En el ámbito de la Accesibilidad Universal:

• Poner en marcha un Plan de Accesibilidad en UGT, contando con el asesoramiento e involucración de los equipos técnicos de Fundación ONCE-ILUNION.
• Contribuir a que tanto los Convenios Colectivos como las sentencias en materia sociolaboral que afectan directamente a trabajadores con discapacidad intelectual se publiquen en Lectura Fácil.
• Impulsar los cambios legislativos necesarios para estimular medidas que garanticen entornos laborales con accesibilidad física y cognitiva en los puestos de trabajo, con ajustes y adaptaciones razonables de los puestos de trabajo a la capacidad de cada miembro de la plantilla.

UGT, CERMI y Fundación ONCE nombrarán una Comisión de seguimiento paritaria, con dos representantes de cada una, que definirá y desarrollará las acciones concretas para dar cumplimiento a estas líneas programáticas y realizará su seguimiento y evaluación del Convenio, que se ha suscrito para un periodo de dos años, renovables tácitamente a su vencimiento.