Una jornada reúne a miembros de la Magistratura, la Fiscalía, la Policía, las Administraciones Públicas y asociaciones de ayuda a las víctimas

La Fundación Mutua Madrileña y la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) celebraron el 19 de octubre su I Jornada sobre Violencia de Género  bajo el título  “Nuevos retos en la lucha contra la violencia de género desde el ámbito institucional y judicial”. La presidenta del Observatorio de Igualdad de Oportunidades de la ONCE y su Fundación, Patricia Sanz, asistió al evento que inauguró el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, acompañado por el presidente de la Fundación Mutua Madrileña, Ignacio Garralda, y el presidente de la APM, Manuel Almenar.

Garcés presentó las más de 200 medidas presentadas en el marco del Pacto de Estado que se analizan en la Conferencia Sectorial de Igualdad y puso el foco en los 19 niños huérfanos y los siete asesinados en lo que va de 2017 en España, explicando que “la batalla contra la violencia de género la tenemos que librar entre todos: instituciones públicas, fundaciones, magistrados, jueces, fiscales y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”. Por su parte, Garralda recordó que “la Fundación Mutua Madrileña lleva cinco años trabajando en apoyar la lucha contra la violencia de género, con la financiación de casas de acogida y campañas de prevención que, fundamentalmente, se orientan a lograr el aislamiento social del maltratador”. Y el presidente de la APM, Manuel Almenar, señaló por otro lado que “todos somos responsables como ciudadanos de un país que propugne la dignidad, la igualdad y la justicia. Cuando debatimos sobre la protección de la mujer, no estamos defendiendo a una de las partes, sino derechos fundamentales”.

Los protocolos de actuación y la dotación de medios para la protección de las víctimas; el tratamiento de las dificultades probatorias a la hora de actuar contra los maltratadores; y el impacto de las denuncias falsas o el trabajo con jóvenes y adolescentes en materia de prevención fueron otros temas discutidos durante la jornada, coordinada desde la APM por las magistradas María Jesús del Barco y Carmen Caracuel, pertenecientes al grupo de igualdad y conciliación de esta asociación.

Denuncias falsas

Sobre las denuncias falsas, la fiscal Pilar Martín Najera, que participó en la mesa “La protección a las víctimas y la actuación judicial” junto a otras magistradas, coincidieron  en que son marginales. De hecho, “la Fiscalía lleva el seguimiento de casos de acusación falsa y desde 2009 a 2016 ha habido más de un millón de denuncias, de las que solo 212 han sido incoadas por falsedad. Supone tan solo un 0,02%. Este mito es uno de los mayores enemigos de la lucha contra la violencia de género”, explicó. También se debatió sobre la custodia compartida con el maltratador. Un tema que genera controversia y en el que la opinión mayoritaria es que debe estudiarse cada caso concreto antes de privar al hombre del derecho a estar con sus hijos.

En la segunda mesa, con el título “Las administraciones públicas ante la tolerancia cero, el marco jurídico y el entorno social”, Vicente Magro, magistrado de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Madrid, defendió que los programas de reinserción de los maltratadores son útiles y, en un alto porcentaje, efectivos, pero es importante “que se hagan en sede judicial por la autoridad que representan. En el Pacto de Estado se transmite la necesidad de que se coordine desde las audiencias judiciales provinciales y que sean homogéneos en todo el Estado”.

Por su parte, desde la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, Pilar Moreno, vocal asesora de la Delegación, hizo hincapié en la necesidad de prevención, especialmente en los más jóvenes. Y Ana Bella, presidenta de la Fundación que lleva su mismo nombre, defendió que no se debe forzar a denunciar. “Hay que apoyar y acompañar a las víctimas para que denuncien cuando estén preparadas. Muchas veces al principio ni siquiera saben que están siendo maltratadas. La víctima tiene que recibir mensajes claros de que el Estado la va a apoyar para convencerla de que denuncie”, dijo.