El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) presentó ante el Tribunal Supremo, el pasado 4 de diciembre, un recurso contencioso-administrativo contra el Gobierno de España "por inacción" al no haber aprobado, tras superar todos los plazos legales, el Reglamento de condiciones de accesibilidad universal y no discriminación de las personas con discapacidad a los bienes y servicios a disposición del público.

Coincidiendo con el 4 de diciembre de 2017, límite legal para que todos los entornos, productos y servicios sean accesibles según compromiso de la propia Administración española, el CERMI ha planteado este recurso ante el Supremo para que el Alto Tribunal condene al Estado a cumplir la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y su Inclusión Social de 2013, que ordenaba al Ejecutivo aprobar este desarrollo reglamentario en el plazo de dos años, que expiró en diciembre de 2015.

Dada la -a juicio del CERMI- "inactividad del Gobierno", que ha ignorado este mandato legal, pese a las insistentes peticiones del movimiento social de la discapacidad, el Comité presenta este recurso a fin de que la Justicia, si estima la demanda, obligue al Ejecutivo a cumplir las leyes del Parlamento cuando le ordenan acometer desarrollos reglamentarios.

La no aprobación de estas condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación en el acceso a bienes y servicios impide que se avance en la inclusión de las personas con discapacidad en ámbitos como el comercio, la educación, la cultura y el deporte, entre otros, al no existir una normativa mínima estatal reguladora de estas necesidades de accesibilidad.

La demanda del CERMI se enmarca en la litigación estratégica que desde la plataforma de la discapacidad se efectuará en las próximas semanas y meses contra los titulares de entornos, bienes y servicios, públicos y privados, que no cumplan con los requisitos legales de accesibilidad.