El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha puesto en valor el papel que juegan las entidades sociales y el apoyo del Gobierno y su Ministerio para que continúen realizando su tarea, “imprescindible para el bienestar social”. El ministro respondía así a la inquietud puesta de manifiesto por una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que recibió el pasado 12 de diciembre en la sede del Ministerio para repasar las principales demandas en materia fiscal de estos colectivos.

Su principal inquietud se centra en lo que calificaron de ‘situación de emergencia social’ para el Tercer Sector -y en particular las entidades de la discapacidad-, fruto del nuevo modelo de gestión de los fondos de la ‘casilla de interés social’ del IRPF, que, según denunciaron, va a suponer en la práctica la desaparición de muchos programas sociales antes dotados de lo que era un fondo estatal y que se encuentran ahora sin fuentes de financiación alternativas que lo compensen.

Así se lo trasladó la comitiva del CERMI, encabezada por su presidente, Luis Cayo Pérez, y su secretario general, Alberto Durán.

Montoro se comprometió a analizar las propuestas planteadas por el CERMI respecto a posibles medidas alternativas de financiación a través de la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2018.

Por otro lado, el CERMI agradeció al ministro la iniciativa contemplada por la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que permitirá potenciar la dimensión inclusiva en las transacciones de las distintas Administraciones en aspectos como la inclusión laboral de personas con discapacidad, la accesibilidad universal o la prestación de servicios públicos por parte de entidades sin ánimo de lucro.

En ese contexto, el Comité que agrupa a la gran mayoría de los movimientos de personas con discapacidad en nuestro país mostró su disposición a hacer propuestas constructivas y a redoblar sus esfuerzos para que el futuro marco de financiación territorial tenga un rostro social. Al tiempo, se solicitó a Montoro que cualquier nueva medida en materia de reforma fiscal siga contemplando la protección y los incentivos fiscales para las personas con discapacidad y sus familias.