Unespa analiza con las personas con discapacidad cómo garantizar con equidad su acceso a las coberturas de seguro
Un informe elaborado por Fundación ONCE y Mapfre recoge los retos y oportunidades que abre este colectivo como usuarios de seguros en España
Fundación ONCE presentó -el 19 de enero- el informe que, con el apoyo de la Fundación Mapfre, ha elaborado en torno a los retos y oportunidades que abren las personas con discapacidad como consumidores para el sector de los seguros en nuestro país. El estudio ‘El sector seguros y las personas con discapacidad y sus familias: dimensionamiento, análisis de barreras e identificación de oportunidades’ se presentó en una jornada de debate celebrada en la sede de la agencia de noticias Servimedia en Madrid.
El informe incorpora la visión de las propias empresas aseguradoras y la de numerosos ciudadanos con discapacidad y sus entidades asociativas, que han participado en animados grupos de discusión sobre las cuestiones objeto de estudio.
En la jornada de presentación final participaron Gemma Pozuelo, directora técnica de la Rama de Seguros a las Personas de Mapfre; Mirenchu del Valle, secretaria general de Unespa; Lourdes Márquez de la Calleja, jefa de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE; Luis M. Bascones, consultor social de ILUNION Tecnología y Accesibilidad; Óscar Moral, asesor jurídico del CERMI; Pilar Villarino, directora ejecutiva del CERMI; y Angel Quesada, vicepresidente de CEOMA, en representación de las organizaciones de mayores. El director general de Servimedia, José Manuel González Huesa, actuó como moderador.
El objetivo central del informe es que las aseguradoras conozcan las necesidades reales de este colectivo y desarrollen, en consecuencia, productos y servicios que les den respuesta. Una línea de trabajo que se enmarca en los convenios que Fundación ONCE mantiene con el CERMI y con la patronal de seguros Unespa que han permitido ya avanzar en algunos asuntos y que determinadas compañías mantengan una orientación proactiva hacia la oportunidad de negocio que representan los ciudadanos con discapacidad.
Pero, como se denunció en la presentación del informe, “las personas con discapacidad y mayores siguen encontrándose con que algunas compañías de seguros les deniegan pólizas o servicios concretos, pese a que la normativa prohíbe expresamente esta práctica, sobre todo en seguros de salud y de vida”. En tal sentido -afirma la investigación- “se constata la persistencia de exclusiones por motivos de discapacidad y edad, ya sea de manera abierta, por ejemplo a partir de un porcentaje de discapacidad reconocido, o bien latente”.
Una actitud contraria a la legislación, que prohíbe expresamente la denegación o la exigencia de condiciones más onerosas por razón de discapacidad, “salvo que se encuentren fundadas en causas justificadas, proporcionadas y razonables, que se hallen documentadas previa y objetivamente”. Por eso, el informe aconseja impulsar el conocimiento, promover la formación y supervisar la red comercial “para evitar el trato inadecuado” a clientes potenciales por motivo de edad o de discapacidad. Personas que, además, expresan sus quejas por la “opacidad” y la llamada “letra pequeña” de las pólizas, a las que exigen mayor claridad. Exigencia de accesibilidad que, en el caso de las personas con discapacidad visual, extienden a los formatos (la mayoría sólo en papel) de las pólizas, por lo que solicitan a las compañías también esta información en soporte digital.
En definitiva, aseguradoras y entidades representativas de las personas con discapacidad coinciden en demandar una segmentación adecuada a la heterogeneidad del colectivo de ciudadanos con discapacidad, que hace que las necesidades de atención sean muy diferentes. Y en materia económica sugieren que, “ante los precios elevados de los seguros que pueden derivarse de una mayor probabilidad de riesgo probada”, hay que ofrecer soluciones para que las personas con discapacidad no queden excluidas de cobertura. Lo que demanda fórmulas de colaboración público-privadas, incluyendo la RSC por parte de las empresas, la mutualización del riesgo, los incentivos fiscales, etcétera, para garantizar el acceso de las personas con discapacidad al seguro en condiciones de igualdad y equidad.
El trabajo de Fundación ONCE recomienda finalmente poner al día la ‘Guía de Buen Gobierno de las Entidades Aseguradoras en materia de Discapacidad’, elaborada por Unespa, así como impulsar foros de colaboración donde estén presentes los distintos grupos de interés.
Enlace al estudio en la Biblioteca Digital de Fundación ONCE