El establecimiento de un “derecho mínimo vital”, enmarcado en un cuadro de derechos sociales básicos, fue la principal demanda elevada a los poderes públicos por Fundación ONCE, a través de su director de Relaciones Sociales e Internacionales y Planes Estratégicos, Miguel Angel Cabra de Luna, durante su intervención en el seminario ‘La reforma social de la Constitución española’, organizado en Madrid, el pasado 30 de enero, por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Plataforma del Tercer Sector (PTS).

El foro reunió a representantes del Tercer Sector, de las organizaciones de la discapacidad, junto a representantes del mundo de la política y del ámbito sindical, académicos y especialistas en Derecho Constitucional. El objetivo, abordar la posibilidad de una reforma de la Carta Magna que blinde la protección de la ciudadanía, “elevando a categoría de fundamentales los derechos sociales, como ocurre con los derechos civiles y políticos”, expresó el representante de Fundación ONCE.

Por ello señaló la idoneidad de que, sin perjuicio del papel de que ha de jugar la legislación ordinaria, la Constitución llegue a establecer ese ‘derecho mínimo vital’, mediante la determinación de resultados y también de medios, así como la fijación de niveles mínimos de gastos sociales.

Exigencia que, en el ámbito de las personas con discapacidad, “se ha de visibilizar -afirmó- en la garantía de la igualdad y no discriminación, consagradas también como derecho humano”, según reconoce la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Apoyo de los partidos políticos

En su intervención en este foro, que acogió el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales del Ministerio de Presidencia, los representantes de los principales partidos políticos de nuestro país coincidieron básicamente en la necesidad de una ‘reforma social’ de la Constitución.

Diego Clemente, de Ciudadanos, expresó la “oportunidad” de una reforma de la Carta Magna que implique blindar los derechos sociales, y mencionó entre ellos “el derecho a una vida autónoma y la accesibilidad universal, entre otros”. Todo ello intentando obtener -dijo- “el mismo consenso que en la Constitución de 1978”.

Por su parte, Carolina Bescansa (de Unidos Podemos) expresó  su aspiración a una reforma que avance, “hacia unos mínimos constitucionales de gasto público” como garantía de los derechos sociales, “con independencia del Gobierno de turno o de los Presupuestos Generales del Estado”. Y advirtió de que a las garantías constitucionales hay que dotarles de herramientas para hacerse efectivas. Planteamiento coincidente con el de la diputada socialista Marisol Pérez, quien afirmó que “los derechos solo valen lo que valen sus garantías”, por lo que reclamó su constitucionalización; al tiempo que reclamaba el reconocimiento de “nuevos derechos y libertades, el blindaje del Estado Social y caminar hacia una España federal, integrada en una Europa también federal”.

Por fin, el diputado popular Francisco Martínez Vázquez, aseguró que, aunque el PP no llevase en su programa la reforma de la Carta Magna, no significa “que nos resistamos a ello”, incluso la apoyarían -aseguró- “si existiera un consenso generalizado”.