También pide una mayor transparencia en las estadísticas e indemnizaciones a las víctimas

La Fundación CERMI Mujeres (FCM) ha exigido terminar con las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas, porque se trata de una práctica que, además de vulnerar sus derechos sexuales y reproductivos, cercena también sus derechos civiles y políticos. La exigencia se produjo en la presentación del informe ‘Poner fin a las esterilizaciones forzosas de las mujeres y niñas con discapacidad’ , elaborado por la FCM y el Foro Europeo de la Discapacidad (EDF, por sus siglas en inglés), el pasado 6 de febrero, en la sede del Consejo General de la Abogacía Española. Ambas entidades desmontan los "falsas creencias" que hay sobre la posibilidad de que estas mujeres puedan ser madres y advierten de que "muchas de ellas lo son de manera exitosa y tienen hijos e hijas felices".

El acto, conducido por la directora ejecutiva del CERMI, Pilar Villarino, contó con la participación de Luis Nieto, consejero electivo del Consejo General de la Abogacía Española; Ana Peláez, vicepresidenta del EDF y de la FCM; e Isabel Caballero, coordinadora de la entidad. Además, incluyó una condena pública de las esterilizaciones forzosas por parte de Nel González (de la Confederación Salud Mental); Enrique Galván (de Plena inclusión) y Jesús García (Autismo España). Borja Fanjul, director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, clausuró el acto.

Según Isabel Caballero, “uno de los grandes problemas existentes es la falta de transparencia, algo que viola la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado que España ha ratificado y que por tanto está obligada a cumplir”. Los datos existentes, según el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), reflejan que el número total de casos resueltos asciende a 140 en 2016, sin que sea posible conocer la resolución final de cada procedimiento y sin que se pueda saber la incidencia en mujeres y hombres, ya que los datos no se hallan desagregados por sexo. Esta ausencia de cifras pone en evidencia la falta de cumplimiento de las recomendaciones que en su día hizo el Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en 2011 en materia de recopilación de datos y estadísticas.

Dicho Comité lamentó la escasez de datos desglosados y recordó que esa información es indispensable para comprender la situación de grupos concretos de personas con discapacidad que tengan diferentes grados de vulnerabilidad para elaborar leyes, políticas y programas adaptados a la situación de esas personas, y para evaluar la aplicación de la Convención que les ampara.

Reivindicaciones

Por su parte, Ana Peláez pidió que se desarrollen políticas encaminadas a indemnizar a las personas con discapacidad, especialmente mujeres y niñas, que han sido esterilizadas, así como otras medidas de formación sobre derechos sexuales y reproductivos entre las mujeres con discapacidad, y derogar las leyes que amparen la práctica de esterilizaciones forzadas. Manifestó además que en muchas ocasiones se llevan a cabo las esterilizaciones porque desde el entorno sociosanitario de la mujer con discapacidad se aconseja a la familia adoptar esta medida. “En algunos casos, hay centros que piden que para acceder a ellos, la mujer o niña con discapacidad esté previamente esterilizada”, denunció.

Igualmente, explicó que, pese a la falta de datos existentes, la experiencia de la FCM entre otras entidades refleja que las esterilizaciones se llevan a cabo principalmente en tres momentos: “en la primera menstruación de la adolescente; cuando alcanza la mayoría de edad y empieza a relacionarse con otras personas de forma más independiente; o tras el nacimiento de un primer hijo o hija”. Y enumeró también algunos de los artículos de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que vulnera el Estado español con la práctica de esas esterilizaciones forzosas, y tratados como el Convenio del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica (Convenio de Estambul). Pues su artículo 39 tipifica como 'acto delictivo' las intervenciones quirúrgicas que tengan por resultado poner fin a la capacidad de una mujer de reproducirse de modo natural, sin su consentimiento previo e informado. “Esto no sólo se da en España, sino en muchos otros países que se saben desarrollados y comprometidos con los derechos humanos”, dijo Peláez, que ensalzó el ejemplo de Suecia, un Estado en el que las esterilizaciones forzadas están totalmente prohibidas y se ha indemnizado a las víctimas de esta práctica. 

El acto contó con el testimonio de dos mujeres con discapacidad que han sido madres. Por una parte, la senadora Virginia Felipe, madre de dos hijos, y por otra, Almudena Martín, una mujer con capacidad intelectual límite, quienes reivindicaron su derecho a la maternidad en igualdad de condiciones.