Hace tiempo que diversas autoridades europeas (y aun de otras latitudes) expresan -tras conocerlo en vivo- su abierta admiración por el modelo de inclusión educativa y sociolaboral que impulsa la ONCE junto al grupo social que encabeza. El de la máxima responsable del área de personas con discapacidad en Francia, calificándolo de “ejemplo” que podría inspirar las políticas para el sector en el país vecino, no es, en este sentido, sino un nuevo testimonio de ponderada valoración que, por supuesto, la ONCE agradece en lo que vale, proviniendo de donde lo hace. Pero la clave, en el caso de la opinión expresada por Sophie Cluzel, se encuentra en los matices que apunta tras visitar, informarse y dialogar con sus homólogos españoles y con las propias personas con discapacidad. Es decir, tras conocer y comprender nuestro modo de hacer las cosas. 

Su elogio no se dirigía a unas condiciones legales comparativamente mejores; de hecho Francia contempla la integración educativa y cuenta con una reserva legal de empleo para personas con discapacidad superior a la española, tanto en la Administración como en la empresa privada. No. La sana envidia que dejaba traslucir hacia las condiciones de estos colectivos en nuestro país tenía más que ver con los pequeños detalles: con una plena inclusión educativa de “alta calidad”, dijo, gracias a la formación de los equipos docentes y, sobre todo, a lo que denominó “la mirada de la sociedad hacia las personas con discapacidad”.

Porque, curiosamente, lo que más le llamó la atención durante su periplo por nuestro país fue la visibilidad de estas personas en el medio social: el aula, la calle, el puesto de trabajo... Una asignatura pendiente -reconoció- al otro lado de los Pirineos, que reclama, en sus propias palabras, “perder el miedo” a normalizar la convivencia.

Algo en lo que la ONCE cuenta con 80 años de experiencia.