El Congreso de los Diputados aprobó el 13 de abril -con 205 votos a favor, 130 votos en contra y dos abstenciones- una proposición no de ley que insta al Gobierno a poner en marcha las medidas necesarias para impulsar y financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, y revertir los recortes registrados en el mismo desde el año 2011.

Esta iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, que contó únicamente con el voto en contra del PP, pide al Gobierno que, entre otras cuestiones, revierta “los recortes producidos por el Real Decreto Ley 20/2012 y por las leyes de PGE (Presupuestos Generales del Estado), habilitando de forma inmediata los créditos necesarios para incrementar en un 13% la financiación del Nivel Mínimo Garantizado del Sistema”, para así “alcanzar los niveles que existían en 2011”. Asimismo, reclama que se aborde “la inclusión en la Seguridad Social de las y los cuidadores familiares y no profesionales, con cargo a la Administración General del Estado” y que se impulse “un pacto entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas” para acabar, en dos años, con el denominado ‘limbo de la dependencia', aquellas personas que tienen reconocido el derecho a recibir prestaciones y servicios pero se encuentran en lista de espera.

La iniciativa socialista pide al Ejecutivo que inicie las negociaciones necesarias en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para “establecer un nuevo modelo de financiación estable del Sistema", en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Lofca), en función del coste real de los servicios y de las prestaciones concedidas.

Por último, establece que “cualquier medida que suponga una modificación de la ley, se llevará a cabo mediante su tramitación y debate en el Parlamento, con un nivel de consenso similar, al menos, al que se logró en su aprobación y sin utilizar, en ningún caso, el atajo de la modificación a través de decreto”.

Esta proposición recoge los puntos del Pacto de Estado por la Dependencia que promueve la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y que fue firmado por todos los grupos parlamentarios del Congreso, a excepción del PP y PNV, este último al considerar que la ley invade las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de servicios sociales. Finalmente, el grupo vasco sí voto a favor de esta iniciativa.

Miles de dependientes en situación de abandono

Durante el debate, la diputada socialista Elvira Ramón hizo hincapié en que el “abandono” por parte del Gobierno del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia supone “una de las manifestaciones más evidentes de falta de sensibilidad social, de ausencia de compromiso con la ciudadanía y desmantelamiento del Estado del bienestar”. En este sentido, la congresista denunció que “más de 300.000 personas están todavía en el ‘limbo de la dependencia’ y mueren más de 100 personas de media al día” sin recibir los recursos y servicios que tienen reconocidos; y lamentó que “el Gobierno no se entera o no quiere enterarse de este clamor”.

Asimismo, Ramón criticó el incumplimiento gubernamental en materia de financiación del sistema de Dependencia, que -según explicó- asumen las Comunidades Autónomas en más del 80%, cuando la ley estipula que debe estar cofinanciado a partes iguales (50%-50%) por el Gobierno central y las Autonomías. El resto de portavoces, a excepción del PP, mostraron su apoyo expreso a la proposición defendida por la diputada socialista.