El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha formulado las demandas educativas y sociales más apremiantes del sector de la discapacidad ante el nuevo Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Una educación inclusiva, la creación de un espacio sociosanitario realmente integrador de las personas con discapacidad y la consolidación del Sistema de para la Autonomía y Atención a la Dependencia constituyen las principales demandas del CERMI al nuevo Ejecutivo, en el que la ONCE -y el sector de la discapacidad en general- cuentan como nueva interlocutora principal con la valenciana Carmen Montón, ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

En materia educativa, según señala el Comité, lo más urgente para el movimiento social de la discapacidad es acabar con la segregación educativa por razones de discapacidad. El sistema educativo español 'viola los mandatos internacionales de derechos humanos' -según destacaba la ONU hace apenas unos días en un informe hecho público sobre esta materia en perspectiva internacional-, al mantener estructuras educativas no inclusivas, especiales, en las que se segrega a parte del alumnado con discapacidad, más de 40.000 estudiantes. La segregación por razón de discapacidad es la única que se admite, sin conciencia siquiera de su grado intolerable de discriminación y exclusión. Esto exige -asegura el CERMI- reformar la Ley Orgánica de Educación, para terminar con la educación especial e instaurar un modelo educativo ÚNICO E inclusivo, con apoyos efectivos.

En cuestiones sanitarias, las demandas básicas a la nueva Administración socialista son fundamentalmente dos. En primer lugar, la reforma integral de la prestación ortoprotésica del Sistema Nacional de Salud; es decir, de los productos de apoyo y ayudas técnicas (sillas de ruedas, andadores, audífonos, cojines antiescaras, etc.) que devuelven autonomía a los pacientes que han perdido ciertas funcionalidades. Una prestación que lleva 20 años sin actualizarse y está completamente obsoleta, además de comportar un copago elevadísimo, que excluye de su acceso a muchos pacientes. Y la segunda es la creación, efectiva y real, de un espacio sociosanitario, del que -afirman- sólo se habla pero nada se avanza. Muchas discapacidades, denuncian, apenas se pueden abordar holísticamente, de modo integral, en la dimensión social y sanitaria, no separadamente, como se hace ahora, pues dicho sistema aboca al fracaso rehabilitador.

Respecto de las cuestiones estrictamente sociales, la petición más urgente es consolidar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que corre, según denuncia el CERMI, grave peligro. Para el sector de la discapacidad ello implica que las Cortes tramiten, sin más dilación, la Iniciativa Legislativa Popular contra el 'copago confiscatorio' que impulsó este mismo Comité y que lleva meses de retraso en el Congreso. Esta ILP (apoyada por casi de 740.000 firmas) establece una regulación que eximiría del copago a más 85 % de las personas actualmente beneficiarias del sistema, que ahora se ven obligadas a 'comprar' lo que supuestamente es un derecho.