Las organizaciones  de personas con discapacidad han hecho pública sus satisfacción por el anuncio de la vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, en la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, en el sentido de que “no se puede llamar disminuido a nadie, de ninguna de las maneras”, al tiempo que anunciaba la intención del Ejecutivo de terminar con esta discriminación expresiva hacia las personas con discapacidad que aparece en la Carta Magna. Calvo expresó este objetivo, entre otros, al presentar en sede parlamentaria las líneas generales de actuación que se plantea el Gobierno de Pedro Sánchez en materia constitucional, en respuesta a una intervención en este mismo sentido del portavoz del PDECat en la Comisión Constitucional y presidente de la Comisión de Discapacidad, Jordi Xuclà, quien recordó que se trata de una histórica reivindicación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).

El presidente de la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE), Anxo Queiruga, señaló al respecto que “el lenguaje no es neutral”, pues “puede integrar o marginar, evolucionar, tener un enfoque transformador y visibilizar nuestros valores”. Y denunció que “palabras anticuadas, inexactas o inapropiadas pueden servir para perpetuar imágenes sociales negativas y estigmatizar a personas o grupos”.

El sector defiende (y la sociedad ha interiorizado) el término ‘personas con discapacidad’ como el más adecuado en el marco legislativo internacional y español; y único término válido y consensuado que contempla la Convención sobre los Derechos de la Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, aprobada y ratificada por España.

Por todo ello se ha recibido como una buena noticia que el Gobierno se plantee la ‘normalización lingüística’ de la Constitución a la que cabe exigir especialmente la utilización de un lenguaje inclusivo y respetuoso al representar a todas las personas.