Bajo el paraguas de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), representantes de siete países iberoamericanos (Argentina, Costa Rica, Guatemala, Ecuador, México, República Dominicana y Uruguay), más Andorra y España, participaron, del 26 al 29 de junio pasados en Madrid, en las  jornadas técnicas para la preparación y puesta en marcha del primer Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un proyecto impulsado por la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el Grupo Social ONCE, en virtud del convenio de colaboración suscrito por la ONCE y SEGIB el año pasado.

La XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno aprobará en Guatemala un Programa específico que impulsan la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS) y el  Grupo Social ONCE

Las jornadas preparatorias contaron con la presencia y aportación de una importante representación técnica y experta de los distintos países, que dieron lugar a la discusión de informes y a la exposición de experiencias sobre discapacidad por parte de los países en torno a los seis  ejes principales del programa: educación, empleo y protección social, empoderamiento, datos y estadísticas, igualdad y no discriminación, y salud.

Según, María Andrea Albán, secretaria para la Cooperación de la SEGIB, que inauguró las jornadas, se estima que “en Iberoamérica viven cerca de 90 millones de personas con discapacidad” , y  de ellas “el 80% sufre algún tipo de obstáculo para su plena inclusión en la vida social y económica”, siendo las mujeres las más afectadas por esta exclusión.

Por ello, el primordial objetivo del que será el primer Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, si así se aprueba finalmente en la próxima Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno -a celebrar en noviembre de este año en La Antigua (Guatemala), es promover oportunidades inclusivas y no discriminatorias para esta población, en coordinación con los distintos sectores de la administración pública, organizaciones sociales y sector privado.

Para Alberto Durán,  consejero general adjunto al presidente en materia de Cooperación  y Relaciones Institucionales de la ONCE, se trata de un programa tan necesario como ambicioso "que colocará a las personas con discapacidad, sobre todo en Latinoamérica, en el plano de ciudadanía e igualdad de derechos y oportunidades que merecen y da al Grupo Social ONCE una proyección e impulso muy importante en su labor de cooperación internacional, en la senda que marca la CDPD y los Objetivos de Desarrollo Sostenible", explica (0,42 MB). 

Gina Riaño, secretaria general de la Organización Iberoamericana de Seguridad Social (OISS), explicó por su parte las diferentes acciones que a lo largo de estos años ha impulsado la OISS en Iberoamérica para apoyar la inclusión y la plena participación de las personas con discapacidad en el mercado de trabajo; esfuerzos que, según indicó, deben intensificarse en el marco de la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que pone en el centro de su acción el principio de “no dejar a nadie atrás”. En este mismo sentido, Martín Rivero, coordinador del área de Cooperación Sur-Sur y Cohesión Social de SEGIB, señaló (0,20 MB) que el programa será un hito relevante en la historia de las personas con discapacidad.

Partiendo de una propuesta básica, tras las jornadas desarrolladas en Madrid, el programa ha consolidado dentro de sus ejes fundamentales elementos como la perspectiva de género, la multiculturalidad y la no discriminación, así como su viabilidad, sostenibilidad y articulación con la Conferencia Iberoamericana, siempre con la finalidad de asegurar su impacto en el ámbito de la cooperación. Su objetivo general es contribuir a la inclusión de las personas con discapacidad en la vida económica y social, a través  de  políticas  que   garanticen el pleno ejercicio de sus derechos  de acuerdo con la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y como objetivo específico, pretende promover la adopción de medidas legislativas y administrativas, etc., en materia de discapacidad, a través de la cooperación técnica, la formación, el intercambio de buenas prácticas y la asignación financiera en los 21 países Iberoamericanos.

Para Rivero, la asesoría y el trabajo técnico que el Grupo Social ONCE ha realizado en cuanto al contenido, objetivos y ejes del Programa ha sido no sólo fundamental para acercarse a una realidad muy dispersa y poco homogénea en Iberoamérica, sino “un descubrimiento auténticamente fantástico a medida que comenzamos a trabajar conjuntamente y un aporte clave para poder elaborar este Programa”, asegura (0,40 MB).

Tender a la igualdad en las distintas realidades

La propuesta básica de este Programa, elaborada por la SEGIB y la OISS con la asesoría experta del Grupo Social ONCE, ha sido pues el hilo conductor del trabajo desarrollado en Madrid por más de una decena de expertos, que han participado presentando experiencias e informes relacionados con el impacto de las políticas públicas en la población con discapacidad, relacionadas con la economía, la accesibilidad, modelos sociales, género o acceso al empleo, entre otros temas.

Para Amalia Gamio, una de las consultoras, recientemente elegida, en representación de México, para integrar el Comité de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de la ONU a partir de enero de 2019, se trata de realizar un trabajo coral que tienda a conseguir la igualdad de las personas con discapacidad en el seno de sus propias realidades. En su opinión contribuirá a que la CDPD se vaya implementando (0,20 MB) en los 21 países de forma más acelerada e incidirá en un cambio (0,24 MB) radical de políticas que en no pocos países aún tienen a las personas con discapacidad como sujetos socialmente pasivos y dependientes.

Por su parte, el director ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos (UMC), el argentino ciego José Viera, que durante las jornadas presentó un informe sobre la materialización de las recomendaciones del Comité de la CDPD en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, opina (0,46 MB) que el Programa supondrá una gran oportunidad para hacer mucho más operativa la cooperación internacional en materia de discapacidad. En su opinión, este Programa se diferencia de otras iniciativas o proyectos regionales en tres aspectos básicos: primero (0,17 MB), que aborda la discapacidad de manera transversal; segundo (0,35 MB), que es mucho más innovador que los precedentes en cuanto a sus objetivos; y tercero (0,27 MB), que instrumentaliza la cooperación internacional y regional como verdadera herramienta de cambio.

Por último, Antonia Irazábal, también con discapacidad visual, responsable de la Secretaría Técnica de Género y Discapacidad del Programa Nacional de Discapacidad (PRONADIS), de Uruguay, puso de manifiesto que el Programa que se aprobará en Guatemala nace de una larga tradición de diálogo cultural entre países, y con grandes fortalezas. La más importante es  el gran marco normativo que ofrece la CDPD, según Irazábal (0,37 MB).  El gran desafío es, en su opinión (0,32 MB), que la variable de la "discapacidad" se instale en la sociedad de una forma "específica y normalizada", como se ha hecho con otros colectivos vulnerables -mujeres, infancia, tercera edad, etc.- en el objetivo de conseguir el reconocimiento de sus derechos como ciudadanos activos que contribuyen al desarrollo de sus países y sociedades.

Además de ellos tres, las jornadas contaron con la participación y aportación de otros expertos y consultores como Catalina Devandas, relatora especial de Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad, o  Pamela Molina, de Chile, asesora en Discapacidad del Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre otros. España aportó por su parte la participación y experiencia de la consultora Mª Isabel Martínez, la experta en accesibilidad Josefa Álvarez y Mercedes Jaraba, subdirectora de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

 Mercedes Leal