La legislación civil española comienza a adaptarse a la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) considera que, con la recepción el 21 de septiembre por el Consejo de Ministros del informe sobre el Anteproyecto de Ley de reforma del Código Civil sobre personas con discapacidad, arranca un proceso histórico para adecuar nuestra legislación civil a los mandatos sobre igual capacidad jurídica que exige la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas.
Esta reforma legal supondrá un cambio radical respecto a cómo el Derecho Civil ha entendido tradicionalmente la discapacidad, y a las personas con discapacidad, pasando de un esquema paternalista y restrictivo en materia de derechos de la sustitución a otro de promoción de los apoyos.
El Anteproyecto de Ley, que pasa ahora a trámite de audiencia pública, lo que permitirá seguir mejorándolo tras escuchar a los distintos sectores, ha sido elaborado por la Comisión General de Codificación del Ministerio de Justicia y ha recibido el impulso decisivo de la titular de este Departamento, Dolores Delgado, para convertirse en unos meses, una vez supere el trámite legislativo, en Derecho positivo.
Con esta iniciativa legislativa, se da cumplimiento al mandato del artículo 12 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a garantizar la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad en todo el tráfico jurídico sin restricciones ni exclusiones, prestando apoyos para la toma de decisiones cuando sea preciso, pero sin sustituir a la propia persona afectada.
El CERMI, que ha participado activamente en la preparación de la propuesta a través de un diálogo constructivo con Justicia, considera este Anteproyecto un buen material de partida, que espera seguir perfeccionando con propuestas de mejora en la fase de consultas que ha quedado abierta, así como en la posterior tramitación parlamentaria, en la que pedirá el apoyo de todos los grupos políticos.