El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado también recientemente al grupo de trabajo interministerial para el desarrollo de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler una serie de propuestas que garanticen el derecho a una vivienda accesible y social, en la que las personas con discapacidad tengan las mismas oportunidades de acceso.

En materia de accesibilidad universal, el CERMI propone así reformar la Ley de Propiedad Horizontal, de modo que las comunidades de vecinos no se puedan negar a realizar las obras pertinentes en las zonas comunes para garantizar que las personas mayores o con discapacidad puedan entrar y salir de su hogar de manera independiente, como sucede en la actualidad si el coste de las actuaciones supera un determinado número de mensualidades de la cuota de la comunidad.

La entidad también reclama crear una bolsa de viviendas accesibles para que las personas que adquieran una discapacidad puedan residir en ellas mientras realizan las adaptaciones necesarias en su vivienda o encuentran una segunda residencia.Y pide promover fórmulas de vida inclusiva que fomenten la desinstitucionalización de personas con discapacidad, permitiendo que entidades del ámbito de la discapacidad puedan utilizar viviendas encaminadas a que estas personas puedan vivir en ellas de manera autónoma, recibiendo para ello los apoyos necesarios.

De igual modo, solicita llevar a la práctica la concesión de ayudas económicas para realizar adaptaciones en viviendas de personas en situación de dependencia, como prevé el Sistema de Autonomía Personal y Atención a la Dependencia.

Fiscalidad

En el capítulo fiscal, el CERMI insta a incorporar una deducción en el IRPF para las aportaciones realizadas por las familias o comunidades de vecinos que tengan que hacer reformas de adaptación de viviendas o zonas comunes para dotar de accesibilidad universal a estos espacios. Además, en la regulación del impuesto de bienes inmuebles (IBI), la entidad plantea introducir una deducción para los hogares en los que resida una persona con discapacidad, así como una deducción durante cinco años tras la ejecución de reformas en una vivienda. Este último punto se debería aplicar también cuando las obras se realicen en zonas comunes por parte de la comunidad de vecinos.

En esta línea, el CERMI aboga por establecer en la regulación fiscal estatal de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados un repertorio de exenciones, bonificaciones o deducciones cuando la adquisición la realice una persona mayor o con discapacidad, o una familia que cuente con un miembro de estas características. Además, quiere que se incorpore en la Ley de Arrendamientos Urbanos el principio general de no discriminación en sentido amplio (incluidos expresamente los motivos de discapacidad o edad), pues se han registrado casos en los que no se acepta a personas con discapacidad o mayores como arrendatarios de viviendas por temor del arrendador a tener que realizar obras o actuaciones de accesibilidad si les alquila su vivienda. Por eso, se propone establecer la obligación del arrendador de llevar a cabo las actuaciones de accesibilidad solicitadas por el arrendatario con discapacidad o mayor que las precise por causa de discapacidad sobrevenida, siempre que exista ayuda pública para tales fines que sufrague al menos el 70 % del coste.