El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha visto avalada por el criterio de varios expertos fiscales su reclamación de que la prevista actualización del sistema tributario español mantenga y aun mejore las ayudas fiscales a las iniciativas que favorezcan la inclusión laboral de las personas con discapacidad.

El encuentro, el pasado 14 de noviembre, en la sede de la agencia Servimedia, reunió al presidente del Comité, Luis Cayo Pérez, con diversos especialistas en la materia, con motivo de la presentación de la 2ª edición de ‘Discapacidad y Fiscalidad’, estudio elaborado por la Subcomisión de Fiscalidad del Real Patronato sobre Discapacidad, que preside la reina Letizia, y publica el propio CERMI.

Se dieron cita tres miembros de esta subcomisión que estudia la reforma: el exdirector general de Tributos, Miguel Cruz; Isidoro Martín, titular de Derecho Financiero y Tributario de la UNED; y el inspector de Hacienda Domingo Carbajo. Junto a ellos, acudieron Reyes Gómez, responsable del Departamento Fiscal del Grupo ILUNION, y Lourdes Márquez, jefa de Relaciones Sociales y Planes Estratégicos de Fundación ONCE.

Pérez Bueno subrayó que “la fiscalidad tiene cada vez mayor importancia en la agenda de la discapacidad”, y que es relevante por la menor capacidad de renta de este colectivo y el esfuerzo económico añadido que ha de realizar para adquirir bienes y servicios.

Al respecto coincidieron en propuestas como la implantación de tipos reducidos de IVA para los productos tecnológicos que requieren y reinstaurar las deducciones por reformas de adecuación en vivienda habitual de las personas con discapacidad, para hacer frente “al problema social cada vez más relevante de gente encerrada en casa que no puede salir de su hogar porque no tiene acceso a la calle”, denunció Carbajo. Una medida con un impacto fiscal, dijo, “no muy alto”, que apenas supuso un millón de euros en su último año de vigencia pero benefició a 3.728 personas.

En cuanto al IVA, el inspector de Hacienda destacó la necesidad de ajustar los tipos reducidos y adaptarlos a los cambios de la sociedad, incluyendo -reconoció- “los productos y avances tecnológicos que significan un gran coste para las personas con discapacidad”.

Carmen Rodríguez manifestó que, sin embargo, en otros países “en este terreno no se gestiona tanto con tipos superreducidos como con otro tipo de ayudas”, aunque admitió que la escala de tipos del IVA “se ha quedado anticuada y es necesario revisarla”.

Aspecto sobre el que, complementariamente, el presidente del CERMI lamentó “el grave problema de las entidades no lucrativas”, que no pueden repercutir el IVA que abonan en estos y otros productos, lo que “genera una situación de desigualdad respecto a los proveedores privados”.