La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Igualdad, Carmen Calvo, recibió el 3 de diciembre, con motivo de la celebración del Día Internacional y Europeo de las Personas con Discapacidad, a una delegación de organizaciones del sector agrupadas en su Comité Español de Representantes (CERMI). Acompañada en todo momento por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, Calvo abordó con los representantes de estos colectivos las principales cuestiones de la agenda política que les afectan y preocupan, incluida la reforma de la Constitución que elimine el término ‘disminuidos’ de su artículo 49.

En marcha la reforma de la Constitución para eliminar el término ‘disminuidos’

Se trató en tal sentido de un encuentro bastante operativo que reunió, en el madrileño Palacio de la Moncloa, a los equipos más cercanos de Igualdad y Bienestar Social con los de las organizaciones de la discapacidad. El CERMI reconoció los logros más destacados alcanzados a nivel legislativo estos últimos meses, como la reforma de la ley electoral que reconoce el derecho de voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad; la modificación en marcha del Código Civil para adaptarlo a la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; o la asunción a trámite de las reivindicaciones específicas de las mujeres y niñas con discapacidad, sobre las que se mantiene una discriminación múltiple en muchos ámbitos.

El CERMI se felicita igualmente de que, en la coincidencia con la celebración del 40 aniversario de la Constitución, el Congreso haya iniciado los trabajos para reformar la Carta Magna y reforzar la protección de los derechos de las personas con discapacidad, así como actualizar la terminología con la que el texto constitucional se refiere a esta parte de la ciudadanía. Pero fuentes de este Comité matizaron tras el encuentro que “las personas con discapacidad tienen que tener una Constitución en la que se vean representadas, algo que no sólo se trata de una cuestión terminológica, sino que va más allá”. Mientras, Carmen Calvo subrayó que el Gobierno quiere “aprovechar este momento histórico” para avanzar en materia de igualdad que es, aseguró, “una prioridad absoluta para el actual Ejecutivo”. Y la ministra Carcedo valoró, por su parte, la labor propositiva del tejido asociativo de la discapacidad organizado en torno al CERMI, cuyas propuestas -afirmó- “abren caminos”. Y coincidió en que, además de proclamados y reconocidos por la ley, “los derechos hay que hacerlos efectivos en la práctica”.

En esta misma línea, el CERMI llamó también la atención sobre las ‘asignaturas pendientes’ en materia social en nuestro país, vulneraciones a los derechos de las personas con discapacidad en materias como la accesibilidad universal a bienes, entornos y servicios (que España incumple formalmente desde diciembre de 2017); la pendiente modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para acabar con barreras que impiden entrar y salir libremente a personas con movilidad reducida de sus domicilios; la vigencia parcial en el Código Penal de practicar esterilizaciones forzadas por razón de discapacidad, que contraviene la Convención de la ONU; o los retos pendientes en la inclusión educativa y laboral, todavía con importantes carencias (de hecho, en 2018 España ha sido condenada por la ONU por no garantizar el derecho a la educación inclusiva de todo el alumnado con discapacidad). Y la sección madrileña del Comité encabezó otra protesta, con epicentro en la capital, el lunes 10 de diciembre, mediante una concentración frente a Cibeles para reivindicar la necesidad de regular el uso de los patinetes eléctricos, artilugios que se han mostrado en muchos casos como un auténtico peligro para los peatones, en especial, aquellos que son discapacitados y tienen más dificultades para sortear estos obstáculos, tanto en circulación como en su a menudo anárquico abandono en vías transitadas a pie. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha dado respuesta a estas continuadas reivindicaciones del CERMI en torno al tema de los patinetes, con una misiva en la que manifiesta que se ha dirigido a las Corporaciones locales instándolas a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la preservación de las aceras como espacios en los que "el peatón tiene la prioridad" y en los que debe quedar clara "la prohibición del aparcamiento".

Parlamento y Gobierno se comprometen a acabar con “un lenguaje obsoleto y discriminatorio hacia las personas con discapacidad”

El Gobierno puso en marcha el 7 de diciembre, al día siguiente de celebrar su 40º aniversario, la reforma de la Constitución (concretamente del artículo 49) para eliminar el término ‘disminuidos’, que será sustituido por el de ‘personas con discapacidad’. Además, se reconocerá explícitamente el derecho a la ‘igualdad real y efectiva’ de este colectivo con el resto de la ciudadanía y se obligará a los poderes públicos a garantizarles ‘una vida participativa, autónoma e independiente’.

Aunque impulsada ahora por la determinación del Consejo de Ministros, la nueva redacción del artículo 49 es fruto del acuerdo alcanzado en la Comisión para las Políticas

Integrales de la Discapacidad del Congreso de los Diputados con el apoyo unánime de todos los partidos políticos y grupos parlamentarios. Y se acomete tras varias semanas de consultas a expertos y de negociaciones, coordinadas por el presidente de la Comisión, el catalán Jordi Xucla.

Los diputados trasladaron el acuerdo a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y le instaron a esta modificación que pretende superar una redacción que utiliza -reconocen- “un lenguaje obsoleto y discriminatorio hacia las personas con discapacidad”.

El artículo 49, tal y como se aprobó en 1978, hacía referencia a la previsión, rehabilitación e integración “de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos”.