El Pleno del Senado dio luz verde el pasado 12 de diciembre al dictamen de la Comisión de Justicia por el que la información estadística sobre víctimas de violencia de género incluirá a partir de ahora la variable de discapacidad, tanto en las mujeres como en los menores de edad que sufren este tipo de violencia. El dictamen de la ponencia de la Cámara Alta fue aprobado por unanimidad el pasado 4 de diciembre en la Comisión de Justicia, en la que se negoció el texto para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial en aplicación del Pacto de Estado en materia de violencia de género, tramitado ahora en el Senado y que, una vez revisado y aprobado. volverá a la Cámara Baja para su ratificación definitiva.

En Congreso incluyó la necesidad de que la violencia de género se convierta en una especialidad jurídica como la de Mercantil, Penal, Menores o Social, con las mismas pruebas selectivas de especialización y condiciones para el ascenso de los magistrados en su carrera profesional. A falta de recibir luz verde del Pleno, el Senado ha aprobado ahora además esta incorporación del indicador de discapacidad en estadísticas de víctimas violencia de género, y que se garantice la accesibilidad de todas las dependencias judiciales con el fin de que sean "comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción".

Dicha aprobación da respuesta a una reivindicación de la Fundación CERMI Mujeres (FCM), que lo venía reclamando. El texto aprobado recoge que se deberá "facilitar que la información estadística pueda ser desagregada tomando en consideración el indicador de discapacidad de tal forma que sea posible la explotación de datos precisos sobre la situación de violencia que experimentan las mujeres con discapacidad". También señala que "se establecerá un registro estadístico de menores de edad víctimas de violencia de género, que incluya, además, el indicador de discapacidad". Por otro lado, en otro de los artículos de la ley se ha establecido que las dependencias judiciales "deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres sin excepción".

El texto aprobado en la Comisión de Justicia contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios.