La FCM presenta su primer informe sobre la situación actual de las mujeres y niñas con discapacidad en España

En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el pasado 3 de diciembre el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), Save the Children y la Fundación CERMI Mujeres instaron al Gobierno español a que prohíba las esterilizaciones forzosas a las que todavía son sometidas las niñas y adolescentes con discapacidad. Ambas ONG piden al Ejecutivo de Pedro Sánchez que incluya este aspecto en el anteproyecto de Ley Orgánica para la Erradicación de la Violencia contra la Infancia que está elaborando, y que cumpla con su compromiso de aprobarlo en el Consejo de Ministras y Ministros antes de fin de año.

Las mujeres y niñas con discapacidad siguen siendo en España víctimas de esterilización forzosa, especialmente las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial. Estas esterilizaciones se realizan sin el consentimiento de las afectadas, bien porque no se les informa sobre la intervención, no comprenden sus consecuencias o se limita judicialmente su capacidad para consentir. Según datos del Consejo General del Poder Judicial (2010-2016), hay un promedio de 100 resoluciones judiciales anuales que autorizan la esterilización de personas con discapacidad sujetas a incapacidad previa.

El segundo párrafo del artículo 156 del Código Penal recoge que “no será punible la esterilización acordada por órgano judicial en el caso de personas que de forma permanente no puedan prestar en modo alguno el consentimiento al que se refiere el párrafo anterior, siempre que se trate de supuestos excepcionales en los que se produzca grave conflicto de bienes jurídicos protegidos, a fin de salvaguardar el mayor interés del afectado, todo ello con arreglo a lo establecido en la legislación civil”.

El Comité de Derechos del Niño en 2007 determinó que la esterilización forzosa de niñas es una forma más de violencia contra la infancia, e insta a su prohibición en los Estados firmantes. Las organizaciones exigen que este párrafo sea derogado en la nueva Ley de Violencia y que bajo ninguna circunstancia las niñas sean obligadas a someterse a una esterilización. “Forzar a las niñas a esta práctica atenta contra su dignidad y su integridad física y moral”, afirma Ana Sastre, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia de Save the Children.

Según Jesús Martín, delegado de los Derechos Humanos y para la Convención de la ONU en el CERMI, “no podemos hablar de igualdad ni de inclusión teniendo una mácula tan grande en nuestro ordenamiento jurídico que legitima una práctica tan nociva, y que además se convierte en muchos casos en la puerta de entrada a abusos y agresiones sexuales contra estas mujeres y adolescentes ya que desaparece la posibilidad de un embarazo”.

Por otro lado, “la esterilización forzosa sigue concibiéndose social y judicialmente como un sistema de garantías y con la exclusiva finalidad y único mecanismo de evitar el embarazo”, denuncia Isabel Caballero, coordinadora de la Fundación CERMI Mujeres. “Si queremos proteger a las niñas con discapacidad la herramienta adecuada es su empoderamiento a través de la formación en derechos sexuales y reproductivos para respetar, con ello, la integridad personal y el derecho a un hogar y la familia previstos en la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que son vulnerados radicalmente en cada una de las intervenciones quirúrgicas realizadas en nuestro país”, lamenta Caballero. Asimismo, CERMI Mujeres alerta de que la mayoría de las niñas con discapacidad desconocen las implicaciones reales de la esterilización, no son conscientes de la renuncia a su derecho a ser madre y de la consiguiente precipitación de enfermedades degenerativas asociadas a esta práctica.

Primer informe de situación en España

Durante la misma jornada, la FCM denunció carencias legales y jurídicas en España para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad puedan disfrutar de los derechos humanos en igualdad de condiciones que el resto de la ciudadanía. Lo hizo durante la presentación del informe ‘Derechos humanos de las mujeres y niñas con discapacidad. Informe España 2017’, a cargo de la vicepresidenta ejecutiva de la entidad, Ana Peláez; junto a Isabel Caballero y Jesús Martín.

El informe, que se realizará cada año, pretende visibilizar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad en España respecto a la protección, promoción y garantía de sus derechos humanos y libertades fundamentales, así como las obligaciones que debe cumplir el Estado español derivadas de tratados internacionales como la mencionada Convención de a ONU o las también adoptadas por dicho organismos en materias como los Derechos del Niño o la Eliminación de todas las Formas de Discriminación de la Mujer. Asimismo, tiene como horizonte el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

El informe expone que la falta de una normativa general de igualdad y no discriminación y la ausencia de un marco conceptual normativo actualizado en base a los Tratados de derechos humanos correspondientes, impacta en la igualdad ante la ley como sujeto de derecho y genera una desprotección legal al no haber sanciones y reparaciones ante casos de discriminación múltiple de mujeres y niñas con discapacidad.

Además, la FCM critica la infrarrepresentación de las mujeres y niñas con discapacidad como grupo social en el diseño de políticas públicas y planes estratégicos, así como la sobregeneralización e insensibilidad de género en normativa y diseño de políticas públicas y planes estratégicos relativos o que afectan a la población femenina con discapacidad.

Por otro lado, el informe dedica  una especial atención al acceso a la salud y a los derechos sexuales, reproductivos y a ejercer la maternidad. Así, advierte de que la legislación actual no es suficiente para garantizar que las mujeres y niñas con discapacidad tengan acceso a la atención primaria inclusiva de calidad relativa a la salud sexual y reproductiva. Igualmente, no se garantiza plenamente una atención inclusiva durante el embarazo, el parto y el postparto.

Para mejorar la situación de las mujeres y niñas con discapacidad, la Fundación CERMI Mujeres insta a mejorar la recopilación estadística en ámbitos como el acceso a la salud, el ejercicio del derecho a la maternidad, la incidencia de la violencia machista, etc.

De igual modo, se hace necesario que existan mecanismos de denuncias sobre discriminación, más accesibles y adecuados a un grupo social en situación de vulnerabilidad como este, con especial atención en el ámbito rural y en mujeres y niñas con discapacidad en situaciones de exclusión y emergencia social.