La discapacidad vuelve a ser, en 2019, objeto de estudio sociológico central. Nada menos que cinco grandes prospecciones sobre distintos aspectos de la realidad social de los españoles con discapacidad va a llevar a cabo este año el Instituto Nacional de Estadística (INE).

De acuerdo con el Plan Estadístico Nacional 2019, la primera operación prevista para este ejercicio dará continuidad a los ya iniciados trabajos de la Encuesta sobre Discapacidad, Autonomía Personal y situaciones de Dependencia, que sustituirá a la todavía vigente, que data de 2008. Según ha señalado el CERMI, se trata de ofrecer una imagen “más amplia, fiel y actual de las personas con discapacidad y en situación de dependencia” de nuestro país.

Dos encuestas añadidas está previsto abordar este año en materia de empleo e inclusión laboral. Con la primera, el INE prevé dibujar un marco general del empleo desarrollado en España por personas con discapacidad; y la siguiente se centrará específicamente en el salario percibido por los miembros del colectivo como remuneración por su actividad laboral.

Según informa Servimedia, en estas tres operaciones colaborarán el mencionado Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE, como entidades expertas del sector social de la discapacidad en España.

Se va a ejecutar igualmente una encuesta referida al ámbito tributario. Con la implicación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria se acometerá de este modo un estudio estadístico de los declarantes con discapacidad del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), que se espera aporte valiosa información sobre la posición económica de los españoles con discapacidad y sobre su impacto y participación en el principal impuesto del sistema fiscal español.

Finalmente, se pretende llevar a cabo en 2019 la estadística de prestaciones no contributivas sobre datos de personas beneficiarias de prestaciones socioeconómicas, en lo que respecta a personas con discapacidad y pensiones no contributivas.

“Con el despliegue de todas estas operaciones, se avanza en la materialización del mandato del artículo 31 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que obliga a los Estados parte, entre ellos España, a la recopilación de datos y estadísticas sobre discapacidad, que les permita formular y aplicar políticas públicas en este dominio”, concluye el correspondiente comunicado del CERMI.