El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha planteado a la Seguridad Social la necesidad de impulsar una reforma normativa para mejorar la prestación económica por el cuidado de menores afectados por una enfermedad grave, en casos de discapacidad.  “La reforma responde a la conveniencia de flexibilizar los requisitos establecidos para la prestación, para evitar que se extinga cuando la persona afectada cumpla los 18 años y adquiera la mayoría de edad, pues hay muchos supuestos en que la necesidad de proporcionar cuidado directo continuo y permanente no desaparece al cumplir esa edad, sino que persiste y a menudo se ve intensificada, causando problemas para que los progenitores o el entorno cuidador puedan conciliar la vida familiar con la laboral”, explica CERMI en una nota emitida con este motivo.

En consecuencia, la entidad representativa de las personas con discapacidad reclama establecer como ‘situación asimilada’, a efectos de adquirir la condición de beneficiario, la de las personas menores de 26 años con una discapacidad de las que precisan grandes necesidades de apoyo, de la cual se deriven dificultades adicionales para los progenitores y las personas cuidadoras. En concreto, indica, se debe considerar ‘persona asimilada’ a quienes tengan menos de 26 años y les haya sido reconocida una discapacidad igual o superior al 33% a consecuencia de una parálisis cerebral, enfermedad mental o discapacidad intelectual o del desarrollo. Asimismo, esta situación ha de hacerse extensiva a quienes tengan una discapacidad física o sensorial con un grado igual o superior al 65%.

Para articular dicha reforma debe modificarse la Ley General de la Seguridad Social (artículos 190 al 192), para que, entre otras cosas, si le corresponde, el progenitor o persona cuidadora de alguien menor de 26 años con discapacidad y una enfermedad pueda acceder al subsidio establecido para estas contingencias. En este sentido, es necesario también modificar, según el CERMI, la Ley del Estatuto de los Trabajadores (artículo 37.6), y la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 49 E), a fin de que se pueda beneficiar de una reducción de la jornada laboral.

Petición al ejecutivo de Sánchez

Por otro lado, el CERMI ha reclamado también al Gobierno que las personas con discapacidad sean consideradas 'prioritarias' en la nueva estrategia contra la pobreza energética. Así lo ha trasladado en la fase de consulta pública abierta para la aprobación de una nueva estrategia de lucha contra la pobreza energética, a partir del Bono Social Eléctrico y del Bono Social Térmico vigentes en la actualidad que, aunque contienen algunas de las reivindicaciones del sector de la discapacidad, constituyen aún un sistema que considera “débil, de alcance restringido, de carácter acumulativo, sumando lógicas distintas e incoherentes, por lo que carece de ambición e integralidad”.

“Es el momento de adoptar una Estrategia de nuevo cuño, sobre bases renovadas, que mantenga el grado de protección alcanzado (que nadie pierda), pero ampliándolo y extendiéndola a todas las situaciones de necesidad, para darles una respuesta adecuada”, explica el CERMI. En este sentido, la entidad aboga por implantar a medio y largo plazo modelos energéticos domésticos eficientes que supongan un ahorro efectivo para los hogares, minimizando progresivamente el peso relativo que el consumo energético tiene en la economía de las unidades de convivencia. Entre otras cosas, esto pasa por exigir un diseño eficiente de las viviendas de nueva construcción, y que en las estrategias de rehabilitación urbana se favorezcan especialmente las medidas de eficiencia energética.

“Pero en el corto plazo, solo caben políticas públicas que compensen y minimicen, con apoyo oficial suficiente, los graves problemas de pobreza energética que tienen amplias capas sociales de nuestro país”, precisa. Entre estos grupos sociales, el CERMI subraya la importancia de tener en cuenta a los hogares en los que residen las personas con discapacidad, puesto que en general, tienen menos ingresos y afrontan más gastos. Así, con frecuencia necesitan aparatos (sillas de ruedas eléctricas, respiradores, productos de apoyo de distintos tipos, etc.) que se nutren de electricidad, y que suponen un gasto mayor que el de otras personas y familias, que han de afrontar en solitario, si es que pueden hacerse cargo de él.

De igual modo, las personas con discapacidad pasan más tiempo en sus hogares que la media, viéndose obligados a consumir más energía. Esto se debe, por ejemplo, a su mayor tasa de desempleo o situaciones de inactividad laboral y a barreras arquitectónicas o falta de recursos humanos que faciliten a la persona con discapacidad entrar y salir libremente de su casa. “Este sobrecoste debe ser tenido en cuenta y compensado, más allá de la capacidad de renta concreta de cada persona o familia, objetivando las situaciones de discapacidad, que quedarían definidas como grupo social de riesgo, acreedor de los apoyos públicos más intensos por presentar esta condición, sin atención a su renta”, reclama la plataforma representativa de la discapacidad en España.

Por último, el Comité plantea que, aunque la responsabilidad de la aprobación de la estrategia contra la pobreza energética y su posterior aplicación es de la Administración General del Estado, su elaboración se haga de manera dialogada y con la participación de la sociedad civil.