La ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, María Luisa Carcedo, encabezó la delegación española que el pasado 18 de marzo se sometió, en la sede de Naciones Unidas en Ginebra, a la evaluación del grado de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que nuestro país  adoptó en 2008. En su intervención dijo que España "es un referente en materia de discapacidad" y reconoció que la Convención Internacional para las Personas con Discapacidad garantiza los derechos de cerca de cuatro millones de ciudadanas y ciudadanos en España, poniendo de relieve el compromiso del Gobierno con su cumplimiento.

Es el segundo examen al que el Estado español se somete por parte de Naciones Unidas

La delegación española presentó las mejoras aplicadas desde la evaluación a la que se sometió en 2011, siguiendo las recomendaciones que entonces hizo el Comité. Tal y como recordó Carcedo, "el ordenamiento jurídico, el músculo de un tejido social bien estructurado y la actitud de una ciudadanía cada vez más sensibilizada fueron las mejores garantías para que España obtuviera [en 2013] el premio Franklin D. Roosevelt, avalado por la ONU y considerado el más alto reconocimiento que un país puede recibir por sus políticas en materia de discapacidad".

En su intervención expuso algunos de los hitos más relevantes desarrollados a raíz de las 21 recomendaciones que el Comité remitió a España en 2011. Entre ellos se encuentra la reciente reforma de la Ley Electoral, que garantiza el derecho de sufragio a todas las personas con discapacidad, y que permitirá que en las próximas elecciones 100.000 personas puedan votar por primera vez.

También aludió  a la reforma en curso del artículo 49 de la Constitución. El pasado 7 de diciembre se presentó el Anteproyecto de reforma para actualizar su contenido, tanto desde el punto de vista del lenguaje, como de su estructura y contenido. Por una parte, sustituye la palabra "disminuidos" por la de "personas con discapacidad"; y por otra abandona también la concepción médico-rehabilitadora y asistencial del tradicional enfoque "convencionalista", sustituyéndola por otra basada en el reconocimiento de los derechos y deberes de las personas con discapacidad como ciudadanos en pie de igualdad.

Otra de las cuestiones planteadas fue la aprobación del Anteproyecto de Ley por el que se reforma la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Ello sienta las bases para el cambio del sistema vigente orientado al apoyo a la persona que pueda tener alguna dificultad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Y abarca desde el acompañamiento amistoso a la ayuda técnica en la comunicación de declaraciones de voluntad, e incluso la toma de decisiones delegadas por la persona con discapacidad.

Educación inclusiva y educación especial

También presentó Carcedo el proyecto de una nueva Ley Orgánica de Educación que impulsa el principio de educación inclusiva a lo largo de todo su articulado. Establece que, el Gobierno, en colaboración con las administraciones educativas, desarrollará un plan para que, en el plazo de 10 años -y siguiendo la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas y en cumplimiento del cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030-, los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con discapacidad. Pero, además, expuso que las administraciones educativas continuarán prestando el apoyo necesario a los centros de educación especial para que estos, además de escolarizar a los alumnos y alumnas que requieran una atención muy especializada, desempeñen la función de centros de referencia y apoyo para los centros ordinarios.

La introducción de mejoras para favorecer la accesibilidad universal fue otra de las políticas destacadas por España, si bien reconoció la existencia de algunas importantes lagunas. "Nos preocupa la escasez de edificios que cuenten con las medidas adecuadas para el acceso físico a la vivienda. Tan solo el 0,6% de los 10 millones de inmuebles cuentan con medidas adecuadas", reconoció por ejemplo la ministra.

Aludió también a la introducción en el catálogo del Sistema Nacional de Salud de 48 nuevas prestaciones ortoprotésicas, entre ellas sillas de ruedas más ligeras y flexibles, férulas, corsés y los elementos externos del implante coclear, entre otros.

La ministra explicó más adelante que se ha constituido un grupo de expertos para estudiar la supresión de la esterilización acordada judicialmente sin el consentimiento pleno y otorgado con conocimiento de causa, de la persona, tal y como ya instó el Comité de seguimiento de la Convención en 2011. España aprobó en 2015 una modificación del Código Penal por la que la esterilización acordada por órgano judicial se circunscribe a supuestos excepcionales en los que se produzca un grave conflicto entre bienes jurídicos protegidos. 

Otra de las recomendaciones que hizo el Comité en 2011 y sobre las que se está trabajando actualmente es la revisión de las disposiciones legislativas que autorizan la privación de la libertad por motivos de discapacidad, incluidas las discapacidades mentales, psicológicas o intelectuales. "El internamiento involuntario será configurado como una medida extraordinaria y excepcional, orientada a responder a situaciones graves y urgentes en las que resulten insuficientes otros mecanismos de protección alternativos menos restrictivos", dijo Carcedo.

Y, por último,recordó que España ha declarado oficialmente el día 3 de mayo como Día Nacional  de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en dicha jornada, hace ahora 11 años, nuestro país puso en marcha la aplicación de esta Convención. "Los principios y los derechos que reconoce este texto suponen un cambio en el concepto de discapacidad basado en los de derechos de las personas", concluyó la representante del Gobierno español.