El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) acaba de remitir al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas un informe en el que explica la evolución de la protección de los derechos de las personas con discapacidad en el Estado español desde el arranque de 2015. Y un balance que arroja ‘luces y sombras’ entre las asignaturas pendientes que no se han abordado y los pasos adelante alcanzados en otras materias. El documento ha sido elevado también al Ministerio español de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, para que el Ejecutivo tenga constancia de la posición de la sociedad civil en esta materia.

Un baremo que, por provenir del órgano representativo de las propias personas concernidas, se estima clave de cara al Examen Periódico Universal (EPU) al que, como el resto de países miembro, será próximamente sometida España por dicho Consejo de la ONU. Su objetivo es presentar un reflejo evolutivo fidedigno en estos cuatro años y de la situación actual. Y su autoría cuenta con el aval que le otorga el hecho de que el CERMI fuera nombrado, ya en 2011, ‘mecanismo independiente de seguimiento’, en lo que respecta a la aplicación en España de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, refrendada por España.

El informe parte de las observaciones que el Consejo de Derechos Humanos realizó a España en su anterior examen (de 2015), así como de las recomendaciones realizadas ya en 2019 por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, y de las remitidas en 2018 por el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité de los Derechos del Niño. Y, al respecto, entre los incumplimientos destaca la no acometida ampliación de la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad y contra la denegación de ajustes razonables; la falta de revisión de disposiciones legislativas que autorizan la privación de libertad por motivos de discapacidad; las carencias en el impulso de políticas de lucha contra la violencia hacia mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado; y la insuficiente mejora en las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad.

Además, lamenta el informe del CERMI que no se haya erradicado la práctica de esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad, que sufren especialmente las mujeres y niñas. Asimismo, advierte de que no se han concluido los trabajos legislativos para modificar el Código Civil y pasar de un sistema de sustitución de la capacidad jurídica a otro basado en la provisión de apoyos en la toma de decisiones, al tiempo que critica las carencias en el derecho a la educación inclusiva para todo el alumnado con discapacidad.

El CERMI pone también el foco en el incumplimiento de los mandatos legales en materia de accesibilidad universal, lo que supone “un auténtico fracaso en las políticas públicas españolas”. Así, recuerda que el 4 de diciembre de 2017 expiraba el límite legal temporal para alcanzar la accesibilidad universal de todos los entornos, productos y servicios. “España sigue llena de muros, barreras y obstáculos sin que haya habido una reacción legal para exigir el cumplimiento de la norma y castigar las vulneraciones”, recalca el informe.

Más allá de las observaciones de la ONU, el CERMI expresa su preocupación por la no reversión de los recortes de derechos, prestaciones y apoyos como consecuencia de la crisis económica y de las políticas de austeridad de los poderes públicos aplicadas desde 2008. Del mismo modo, denuncia que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad no ha permeado por igual en todas las administraciones del Estado español, existiendo carencias importantes  en este sentido en las comunidades autónomas, así como en los operadores jurídicos.

Avances abordados

Reconoce, no obstante, el documento una batería de recomendaciones que sí se han acometido desde 2015, sobresaliendo la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General en 2018, que devolvió el derecho al voto a casi 100.000 personas que estaban privadas del mismo por razón de discapacidad intelectual, psicosocial o deterioro cognitivo. Sobresale también el fortalecimiento de las garantías procesales de las personas con discapacidad ante un proceso judicial; la reforma de la Ley Orgánica del Jurado Popular para permitir que las personas con discapacidad puedan formar parte de este tipo de tribunales; la eliminación de la discriminación que sufrían determinadas personas con discapacidad a la hora de contraer matrimonio; y la aprobación de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, que refuerza la dimensión social de la contratación por parte de las administraciones.

La aprobación por parte del Gobierno de España del Día Nacional de la Convención de la Discapacidad de la ONU; la constitución de sendas comisiones de discapacidad en el Congreso de los Diputados y en el Senado, con carácter permanente y legislativo; y la creación del Foro Justicia y Discapacidad y de una fiscalía especializada de discapacidad son otros de los avances enumerados por el CERMI en el balance de este periodo ante el informe remitido a la ONU y al Ministerio de Asuntos Exteriores.