El Tercer Sector le traslada la urgencia de ajustar el reglamento de la ‘X Solidaria’ de los Impuestos de Renta y Sociedades

La Plataforma del Tercer Sector (PTS) y el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) estuvieron a la cabeza del nutrido grupo de organizaciones sociales, entre las que se contó con la presencia del presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, que protagonizaron, el pasado 6 de agosto, una de las reuniones que el presidente del Gobierno en funciones y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, quiso mantener con representantes de la sociedad civil.

Y la primera demanda que la veintena de organizaciones participantes le trasladaron fue la de garantizar su sostenibilidad para mantener la defensa de los derechos sociales, impulsar políticas inclusivas y mejorar en general las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables, según resumió al término del encuentro el presidente de la PTS, Luciano Poyato.

Un objetivo que, ante las últimas modificaciones fiscales, requiere que se replantee cómo asignar la recaudación derivada de quienes apuestan por la ‘X solidaria’ en los Impuestos de Renta y Sociedades. Como definitivo refuerzo a esta voluntad se le planteó al líder socialista el impulso de una reforma de la Constitución Española que otorgue el rango de fundamentales a los derechos sociales, económicos y culturales, blindándoles con el máximo grado de protección y garantía.

También la representación del CERMI, integrada por sus vicepresidentes Concha Díaz y Santiago López Noguera, y su directora ejecutiva, Pilar Villarino, solicitó a Sánchez retomar el proyecto de reforma constitucional ya apuntado en la anterior legislatura, con el objetivo de modificar el artículo 49 de la Carta Magna, en el sentido de mejorar la protección de los derechos de las personas con discapacidad y actualizar su hoy obsoleta terminología, que utiliza la expresión ‘disminuidos’. Igualmente reiteraron la exigencia de que el Código Penal establezca de forma taxativa la erradicación de las esterilizaciones forzosas por razón de discapacidad.

Combatir la exclusión y la pobreza

Al encuentro, en el que Sánchez estuvo acompañado por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Mª Luisa Carcedo,  acudieron representantes de las organizaciones sociales, de los consumidores y de defensa de la salud pública, dentro de la ronda de reuniones que el candidato ha mantenido con instancias de la sociedad civil en su objetivo declarado de incorporar sus propuestas al programa de gobierno para la investidura. Carcedo expresó a la conclusión la voluntad del PSOE de “continuar combatiendo las desigualdades y aplicando las políticas de justicia social que resuelvan los lacerantes problemas que tienen algunos colectivos, de exclusión social y de pobreza”, para poder introducir las reformas que requiere un Estado del Bienestar (0,32 MB) por otro lado “avanzado, como es el de nuestro país”.

En lo que respecta a su específico ámbito (la PTS representa ya a cerca de 30.000 entidades de toda España), Poyato reclamó la urgente aprobación del Programa de Impulso a las entidades contemplado en la Ley del Tercer Sector, que se aprobó en 2015 pero que continúa sin desarrollarse, por considerarlo “imprescindible” para seguir ofreciendo soluciones viables a los problemas de exclusión.

Respecto a financiación, junto al desarrollo reglamentario de la novedosa introducción, este año, de la ‘X solidaria’ en el Impuesto de Sociedades, se insiste en la importancia de mantener el modelo de doble tramo de las subvenciones con cargo a la casilla de ‘otros fines sociales’ en el IRPF, pues actualmente, las Comunidades Autónomas gestionan el 80% de estos fondos y el Estado el 20% restante. “Es imprescindible que la Administración del Estado mantenga este porcentaje para cohesionar el Tercer Sector a nivel nacional y luchar así contra la desigualdad que existe entre los diferentes territorios”, manifestó el presidente de la PTS en una toma de postura que choca con algunas de las pretensiones de gestión al 100% de estas recaudaciones por parte de determinados gobiernos autonómicos.

Desarrollar la Estrategia de Lucha contra la Pobreza, aprobada recientemente, y dos programas sociales de enorme calado (el Plan de Acción 2020 y la Agenda 2030) fueron otras tantas demandas trasladadas al presidente/candidato por las organizaciones sociales.

Gobierno progresista

Carcedo, que actuó como portavoz al finalizar el encuentro, explicó el objeto de la convocatoria (0,42 MB) y aseguró que había sido “una reunión fructífera, con puntos de encuentro sobre la mayoría de las políticas sociales y sanitarias que necesita la sociedad. Se han puesto encima de la mesa aquellos caminos por los que debe transitar nuestro sistema social, nuestra economía, para continuar combatiendo las desigualdades y aplicando las políticas de justicia social que resuelvan los lacerantes problemas que tienen algunos colectivos relativos a exclusión social, pobreza y a combatir las desigualdades en el ámbito sanitario”, manifestó. Aun reconociendo que ya conocían muchas de las propuestas planteadas por las organizaciones sociales, su plasmación conjunta podía contribuir a favorecer su reflejo en “el diseño de un documento que nos permita disponer lo más pronto posible de un Gobierno progresista en nuestro país”, matizó la titular de Bienestar Social.

En respuesta a los medios, la ministra explicó también que las ideas recogidas de estos encuentros se encajarían en el programa de investidura, siempre a partir del programa electoral del PSOE (0,61 MB) que fue apoyado por los votos de la ciudadanía.

En la reunión participaron, además de la Plataforma del Tercer Sector, el CERMI y la ONCE, otras organizaciones como Save The Children, UNICEF, la Plataforma de Infancia, la, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión, la Plataforma de ONG de Acción Social, Cáritas, Cruz Roja Española, la Plataforma de la Dependencia de España, el Consejo de la Juventud, el Consejo Estatal de Personas Mayores o la Fundación ANAR. Igualmente, hubo representantes la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la Asociación de Acceso Justo al Medicamento, el Consejo de Trabajo Social, el Consejo Asesor de Sanidad y Servicios Sociales, la Sociedad Española de Epidemiología y Salud Oral, la Plataforma de Pacientes, Alianza de Pacientes y Salud Mental España, así como expertos en salud pública.