El presidente en funciones Pedro Sánchez ha querido pulsar el criterio y recabar el apoyo de los representantes de la sociedad civil de cara a la reelección a la que pretende postularse. Entre ellos, las organizaciones sociales que defienden a los colectivos más vulnerables, como las del ámbito de las personas con discapacidad y del Tercer Sector de la economía española. Y éstas le han trasladado un mensaje muy claro: sus prioridades pasan por reformar la Constitución en los extremos que lo requieran para blindar con el rango de ‘fundamentales’ los derechos sociales, económicos y culturales de todos los españoles; y por garantizar la protección y sostenibilidad de esas entidades que representan y defienden los que competen y hacen referencia a los más débiles. En su calidad de presidente de la Plataforma del Tercer Sector, el murciano Luciano Poyato puso voz a estas demandas tras reunirse con el candidato socialista a la permanencia en La Moncloa.

Poyato expresó con igual nitidez la necesidad -para alcanzar este objetivo- de revisar la reglamentación que regula el reparto de la voluntaria aportación de la ciudadanía a las causas sociales que constituye la ‘X Solidaria’, hasta ahora a través del Impuesto sobre la Renta y, desde este mismo año, también mediante su cumplimentación en la declaración del Impuesto de Sociedades. Porque este flujo financiero es el que viene haciendo posible la supervivencia de muchas de estas entidades, con implantación a veces muy local pero que, agrupadas y coordinadas en el movimiento del Tercer Sector, permiten materializar los anhelos de miles y miles de hombres y mujeres en todo el país que, por unas u otras circunstancias, lo tienen especialmente difícil para alcanzar su autonomía y hacerse acreedores a una vida digna de la que sentirse auténticos protagonistas.

Más allá del resultado final con que se resuelva el complejo equilibrio parlamentario derivado de la última cita electoral en España, la convocatoria de este encuentro con el asociacionismo social habrá servido así -al propio Pedro Sánchez pero también al resto de fuerzas políticas estatales- para conocer y disponer, negro sobre blanco, de una referencia clara y precisa respecto a las prioridades de varios millones de ciudadanos (y, por tanto, también de votantes) que requieren su atención y que, por mandato constitucional, exigen además la especial cobertura y protección de los poderes públicos.