Y pide a la Comisión Europea que finalmente abra procedimiento de infracción contra España por su pasividad para dotar de accesibilidad al 112

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha pedido una implicación política 'real' en la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. Así lo ha expresado su presidente estatal, Luis Cayo Pérez, en el marco previo del ‘I Congreso sobre el derecho a la autonomía personal. Discapacidad física y orgánica, envejecimiento y cronicidad’ que organizará la Confederación Española de de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) los próximos 21 y 22 de octubre en Barcelona.

Pérez Bueno, quien ha definido como una “necesidad básica” tener los apoyos y un entorno “que no discrimine o excluya” para ejercer la autonomía personal, ha incidido en que el problema principal a la hora de desarrollar este derecho no es la falta de normativa, sino la aplicación real de la misma. En este sentido, el presidente del CERMI ha apuntado que “hay muchas normas que sólo están escritas, pero no se traducen a la realidad y llevan a la frustración a muchas personas con discapacidad. Desde luego, necesitamos leyes, o mejores leyes, que sí que obliguen de verdad a los poderes públicos a proporcionar esos apoyos”.

En opinión del presidente del CERMI, las instituciones deberían poner a disposición de las personas con discapacidad recursos adaptados “en función de su realidad, preferencias y estilo de vida” para ejercer su autonomía personal. En esta línea, una de las cuestiones a resolver son las barreras económicas de acceso al disfrute de las nuevas tecnologías. “La tecnología -asegura- es la gran aliada de las personas con discapacidad para su autonomía personal, su participación e inclusión social”, por lo que las barreras constituyen en este terreno una discriminación altamente lesiva desde la perspectiva de la inclusión.

Por otro lado, Luis Cayo Pérez incidió en el papel “activo” de las personas con discapacidad a la hora de ejercer su derecho a la autonomía personal. “No ser sujetos pasivos dependientes de una ayuda pública, que siempre será escasa; de la familia, a la que se condena a que sea el único provisor de recursos, de apoyo, de acompañamiento a la persona con discapacidad; o de excluir a la persona afectada, apartándola de la vida en comunidad, en una institución o cualquier otro recurso que no sea inclusivo”, explica. Y añade que “dotar de autonomía y permitir que las personas con discapacidad y mayores despleguemos todo nuestro potencial pasa por ciudades inclusivas, por tener acceso a todos los bienes (productos y servicios) y por activarnos”. 

El 112, aún inaccesible

En este ámbito, el CERMI ha pedido por otro lado a la Comisión Europea abrir un procedimiento de infracción contra el Estado español por su pasividad para dotar de plena accesibilidad universal al teléfono 112, lo que dificulta el acceso a este servicio de emergencia por parte de todos, incluidas las personas con discapacidad.

Como mecanismo independiente de seguimiento de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en España, el CERMI remitió el pasado 9 de septiembre un informe a la Comisión Europea con alegaciones ante la decisión este verano de esta institución comunitaria de iniciar los preliminares para en su caso incoar un procedimiento de infracción contra España.

El informe resalta que “España cuenta con un sólido y robusto marco legal que reconoce el derecho de las personas con discapacidad a disponer de servicios públicos accesibles e inclusivos, así como a tener garantizada su seguridad. Esto debe tener una correspondencia directa con los sistemas de información y atención de emergencias como es el teléfono 112”.

En el marco legal que ampara el derecho a la accesibilidad de los servicios de emergencias se encuentra la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, la Ley General de los Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social, la Convención Internacional de la Discapacidad y la propia Constitución Española, en la que la igualdad es considerada un derecho fundamental.

Además, el CERMI recuerda que España aprobó la Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad auditiva y sordociegas, en cuyo artículo 6 se estipula que un ámbito de aplicación de esta Ley son los bienes y servicios a disposición del público. Estas leyes se ven reforzadas por otros instrumentos no normativos como una declaración del año 2011 del Parlamento Europeo en la que apeló a la Comisión para que presentara propuestas legislativas de estandarización para hacer completamente accesibles los servicios del 112 a toda la ciudadanía.

Problemas actuales

En España son las comunidades autónomas las que prestan el servicio 112 pero, en paralelo, no existe un operativo de accesibilidad común en todos los territorios. En algunas de ellas se han habilitado sistemas en los que las personas con discapacidad auditiva se registran y pueden enviar mensajes de texto en caso de emergencia, pero si salen del territorio de la Comunidad en la que se han registrado ya no les es posible realizar dicha llamada. Asimismo, el servicio en muchos casos tampoco incorpora la posibilidad de poder comunicarse a través de lengua de signos.

En este sentido, la plataforma representativa de la discapacidad en España alerta de que “no garantizar la accesibilidad de este servicio implica dejar fuera de la protección, y por tanto en una situación de emergencia permanente a las personas sordas y sordociegas, comprometiendo su integridad y su seguridad”.

El CERMI ha venido pidiendo que Protección Civil, dependiente del Ministerio del Interior, solventase esta situación, sin ninguna respuesta efectiva y pronta en el tiempo. Además, señala que la solución es posible, porque la tecnología lo permite y la inversión es mínima, por lo que sólo hace falta voluntad política. Se trataría de implantar un mecanismo centralizado o una transferencia automática entre territorios para que la persona no necesite saber los protocolos de cada comunidad autónoma.