Las Cortes de Castilla y León contarán en esta legislatura con una Comisión específica que se ocupe de  abordar los asuntos relativos a las personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, que se estima suponen entre un 8 y un 10% de la población regional. Así se desprende al menos de lo negociado, el pasado 16 de septiembre, por el Gobierno autonómico y los responsables del CERMI-Castilla y León, máxima entidad representativa de las personas con discapacidad en esa Comunidad.

Como presidente de esta organización autonómica, Juan Pérez Sánchez defendió la necesidad de incrementar la participación de su colectivo en la tarea legislativa; mientras el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, de Ciudadanos, señaló que se trataba de un primer encuentro, pero que ambas partes compartían sintonía y espíritu de diálogo para incrementar la participación de la sociedad civil en las instituciones autonómicas; y que esta propuesta de CERMI-CyL encaja claramente en esa filosofía, en el objetivo de avanzar -dijo- en la defensa de los derechos y del trato en igualdad de las personas con discapacidad. Se comprometió, en este sentido, a estudiar cómo encajar la creación de nueva planta de esta Comisión, pues ya existe otra de Familia, en la que se venían debatiendo las medidas que afectan a este colectivo. Y elogió al CERMI por su histórica política de transparencia y claridad en el destino de las ayudas públicas que recibe.

Por su parte, Pérez Sánchez valoró como “positivamente recibidas por el vicepresidente de la Junta” las demandas planteadas por el sector de la discapacidad que, junto a la mayor participación en las instituciones, hacían referencia a la sostenibilidad económica de las entidades del tercer sector, problemas en torno a la accesibilidad universal y a la inclusión laboral. Iniciativas, dijo, que son “posibilistas y razonables”, pues no pretendemos “quebrar la caja de ninguna consejería”, sino relacionarnos como “un leal colaborador” con los poderes públicos.