21 gobiernos iberoamericanos se comprometen a mejorar las políticas públicas sobre discapacidad
En el transcurso de la IIª Reunión de Ministerios de Asuntos Sociales de Iberoamérica sobre innovación e inclusión en el ámbito de la discapacidad
Ministras y ministros del ramo en los países de Iberoamérica se reunieron, los pasados 7 y 8 de octubre en Andorra, para compartir experiencias sobre políticas públicas que mejoran la calidad de vida de las personas con discapacidad. Allí acordaron eliminar las barreras que impiden que 90 millones de personas que integran esta población en la región iberoamericana desarrollen todo su potencial. Un acuerdo adoptado en la IIª Reunión de Ministras y Ministros de Asuntos Sociales de Iberoamérica, inaugurada por el jefe de Gobierno de Andorra, Xavier Espot, y la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan.
Se trata de la primera vez en la que una Reunión Ministerial iberoamericana tiene como eje central la discapacidad. La adopción y puesta en marcha del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID), cuya Unidad Técnica recae en la ONCE, ha motivado que esta cumbre ministerial llevara por título “Innovación e inclusión en el ámbito de la discapacidad”.
A ella asistieron representantes de alto nivel de 21 países iberoamericanos: ministros y ministras de Brasil, España, Guatemala, Nicaragua y Paraguay, viceministros y responsables de agencias nacionales de políticas de discapacidad, así como la enviada especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre Discapacidad y Accesibilidad, María Soledad Cisternas.
En la declaración final de la reunión, los países iberoamericanos acordaron, en un marco de diálogo y consenso, mejorar las políticas para que las personas con discapacidad tengan una vida más plena y sin discriminación, destacando la importancia de pasar de un enfoque que subraya las limitaciones de las personas a uno centrado en eliminar las barreras que impiden que ese colectivo desarrolle todo su potencial. Las ministras y ministros se comprometieron a generar instrumentos y promover el uso de nuevas tecnologías para lograr una mayor inclusión de las personas con discapacidad en la educación y el empleo. Asimismo, acordaron mejorar el acceso de este colectivo a los derechos sociales; eliminar leyes o prácticas que restrinjan su capacidad jurídica, y armonizar los sistemas de reconocimiento y certificación de la discapacidad en toda la región.
La declaración final
de esta II Reunión Ministerial, en la que además de la ministra Mª Luisa Carcedo, nuestro país estuvo también representado por el director general de Políticas de Apoyo para la Discapacidad, Jesús Celada, se traducirá en mandatos puntuales para la próxima Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, a celebrar también en Andorra. Los responsables ministeriales instan de forma unánime a sus superiores directos a fortalecer los marcos jurídicos y las políticas relativas a las mujeres y niñas con discapacidad, un grupo especialmente vulnerable a la discriminación en Iberoamérica. También piden que en el seno de la Cumbre se fortalezca el Programa Iberoamericano de Discapacidad como instrumento fundamental de la cooperación iberoamericana para la inclusión social de las personas con discapacidad en la región.
Consejo Intergubernamental
Previamente, el 5 de octubre, se celebró en la propia Andorra una reunión extraordinaria del Consejo Intergubernamental del Programa Iberoamericano sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (PID), con participación de representantes de los organismos de discapacidad de Andorra, Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, Guatemala, República Dominicana y Uruguay, con el apoyo de ONCE como Unidad Técnica.
Entre los principales asuntos abordados se encuentran la adopción del Plan Estratégico 2020-2022, la incorporación de Chile como miembro pleno, y la decisión por consenso de realizar el próximo Consejo Intergubernamental en Costa Rica. Este ambicioso programa fue aprobado en 2018, en la XXVI Cumbre Iberoamericana de Guatemala, persiguiendo la plena inclusión social, económica y política de este colectivo de 90 millones de personas en la región.