Un 25% de las mujeres con alguna discapacidad es víctima de violencia de género. Estos casos se suceden más en poblaciones dispersas y rurales, donde esta población femenina es más dependiente y generalmente carece de la atención adecuada. Así lo denunció Jesús Celada, director de Políticas de Apoyo a la Discapacidad (del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social), en una jornada de trabajo sobre Violencia de Género y Discapacidad celebrada el pasado 4 de noviembre en el Antiguo Convento de Santo Domingo de La Laguna (Tenerife)

Celada puntualizó que, lamentablemente, los únicos datos fidedignos de que se dispone actualmente son los de las mujeres con discapacidad que fallecen a manos de agresores de su entorno. Por esta razón, "es difícil establecer políticas, pues no hay estudios que, por ejemplo, establezcan su grado de discapacidad, el tipo de parejas en que se producen, su contexto económico y social o los estudios previos", de víctimas y agresores. Lo que sí tiene claro Celada es que estos casos se acentúan en "entornos rurales donde hay mayor dependencia y sobreprotección de la discapacidad".

En este contexto, Canarias muestra una vulnerabilidad superior a la media, ya que, dijo el representante gubernamental, "existen aquí múltiples municipios pequeños con pocos recursos, que obligan a las mujeres a desplazarse a las ciudades grandes", cuando requieren servicios relacionados con esta problemática. En definitiva, las víctimas de violencia de género tienen en estos contextos "menos recursos a su alcance".

Un potente tejido asociativo

Celada, que se congratuló del 'potente tejido asociativo' con el que cuenta España (más de 7.000 asociaciones dedicadas a la discapacidad), instó al colectivo a acudir en primer lugar a estas entidades cuando se tenga constancia de algún caso de estas características. "Son organizaciones muy profesionales con grandes técnicos que conocen los casos y, por tanto, son los mejores para abordarlos", insistió. En todo caso, argumentó que esta actuación debe ir de la mano de la Administración. Como insistió, en última instancia el Estado debe ser quien ponga a disposición de las víctimas los recursos específicos, ya sean a nivel judicial, policial, económico, laboral o formativo, de manera que puedan escapar de esa situación de desamparo.

Concluyó afirmando que es necesario abordar este escenario de manera específica, pero admitió que "falta documentación estadística" que permita establecer políticas dirigidas y eficaces.