La Plataforma del Tercer Sector (PTS), que representa a más de 30.000 entidades sociales, se ha unido al resto de entidades de la sociedad civil para reclamar del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, que retome con urgencia ‘la agenda social pendiente’. Una respuesta a las necesidades de la ciudadanía que la PTS centra especialmente en las que afectan a los colectivos más vulnerables. Recuerdan al respecto que en España hay, hoy en día, 12,2 millones de personas en situación de pobreza o exclusión social y que en alrededor de 1,5 millones de hogares no pueden hacer frente a sus facturas de luz, agua o gas.

El presidente de la Plataforma, Luciano Poyato, señaló en este sentido -con motivo de la toma de posesión del vicepresidente 2º de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, según recoge Servimedia- que, “tras una época de inestabilidad política en la que los temas sociales han estado fuera de la agenda institucional, es momento ya de tomar las riendas para avanzar en igualdad, inclusión y derechos fundamentales”.

Operativamente, Poyato destacó que la mayoría de las 22 carteras del nuevo Ejecutivo, incluidas las cuatro vicepresidencias (un 80%, calculó), tienen competencia en materia social. Y solicitó que se aproveche esta circunstancia para avanzar en una estrategia transversal ante cuestiones como la pobreza o las necesidades de las personas con discapacidad, directamente ligadas a los ámbitos de la economía, el empleo, la vivienda, la educación o la sanidad.

Por eso solicitó al vicepresidente Iglesias una “reunión “inmediata” con la Comisión de Diálogo Civil que reactive la agenda social y, en lo que a la PTS concretamente respecta, desarrolle la Ley del Tercer Sector que, tras cuatro años de vigencia, aún tiene muy importantes dimensiones no abordadas. A la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, le reclamó por su parte retomar también urgentemente la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Estrategia Nacional de Pobreza Energética; mientras del Ministerio de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, que dirige José Luis Escrivá, solicitó el estudio e impulso de una efectiva Ley Estatal de Rentas Mínimas.