Fundación ONCE va a poner en marcha unas becas específicas para universitarios con discapacidad que se animen a preparar oposiciones para cuerpos y escalas superiores de la función pública

La Fundación ONCE va a lanzar una convocatoria de becas dirigidas a universitarios con discapacidad interesados en opositar para el ingreso en la Administración General del Estado (AGE), según avanzó a Servimedia la directora de Programas con Universidades y Fomento del Talento de la Fundación, Isabel Martínez Lozano, el pasado 9 de febrero. En colaboración con el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), este programa consta de dos líneas fundamentales: ayudas económicas para sufragar academias y preparadores, y sesiones de información y asesoramiento.

Martínez Lozano explicó el objetivo de "aumentar el número de empleados con discapacidad en la Administración Pública, sobre todo en los cuerpos y escalas superiores", dado que, "ya sea por falta de información o de iniciativa, o por la imposibilidad de pasar dos o tres años dedicados al estudio sin recibir ingresos”, el caso es que estos estudiantes con discapacidad, salvo escasísimas excepciones, no opositan ni por tanto acceden a estos puestos. Perdiendo por tanto unas oportunidades de trabajo de alta cualificación y calidad, como solución de vida personal, y minimizando además las posibilidades de mejorar la presencia y la imagen de la discapacidad en un escaparate de alta consideración social como el que representan los cuerpos medios y altos de funcionarios del Estado.

Cuota de reserva

"De hecho hemos detectado que la cuota de empleo reservado para personas con discapacidad en las oposiciones no siempre se cubre, sobre todo en las categorías más altas", lamentó Martínez Lozano. Por eso, este programa ofrecerá una convocatoria de becas y ayudas a estos alumnos, de modo que puedan sufragar el pago de preparadores y academias, que se requieren para la preparación de estas pruebas de alta cualificación, que mantienen además al interesado apartado del mundo laboral.

El informe anual del INAP, admitió la experta de Fundación ONCE, refleja que la Administración cumple con los cupos de reserva y con la adaptación de las pruebas, pero, explicó,  “aunque la reserva del 5% de las plazas se cumple a nivel general, lo hace sobre todo en las convocatorias más habituales, las de las escalas bajas (cuerpos C1 y C2), y no en las más altas, donde la oferta es menor”. Se refirió también a la habitual excusa oficial respecto a que no se presentaban suficientes personas con discapacidad a estas pruebas, “algo -aseguró Isabel Martínez- que no deja de ser cierto, pero que empieza a cambiar, pues por primera vez tenemos una masa crítica de universitarios para dar ese paso. Así que ahora la Administración tiene que hacer su parte".

El propio INAP ha expresado su propósito de aumentar la diversidad de su plantilla, reconoció también, "y hay que aprovechar que ya tenemos muchos doctores con discapacidad acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad (Aneca) pero que no tienen trabajo... El panorama era muy distinto hace 20 años, pero ahora sí hay demanda para ese tipo de plazas". Y recordó que, estadísticamente, al año salen ya más de 5.000 estudiantes con discapacidad graduados de las universidades españolas.

Asimismo, el programa prevé proporcionar orientación y asesoramiento, empezando por "la detección de los perfiles de alumnos susceptibles de afrontar con éxito estas oposiciones, a los que también queremos ofrecer información y un seguimiento personalizado de su trayectoria formativa en esta etapa", explicó Martínez Lozano. Y adelantó que se arrancará con un encuentro con miembros de asociaciones profesionales y del propio INAP, porque, "de momento -matizó- vamos a centrarnos en la función pública del Estado, aunque más adelante colaboremos también con las Comunidades Autónomas".