Las entidades sociales y el Tercer Sector habían solicitado a Philip Alston que reclamara al Gobierno medidas políticas y económicas "urgentes" para revertir una situación que afecta al 26,1% de la población

Más de 40 entidades sociales, convocadas por la Plataforma del Tercer Sector (PTS), reclamaron el pasado 3 de febrero ante el relator especial de la ONU de Derechos Humanos, Philip Alston, la urgencia de aprobar medidas políticas y económicas para revertir la situación de pobreza que se está viviendo en España derivada, principalmente, de la crisis económica que se inició en el año 2008 y que trajo consigo medidas restrictivas en materia social que afectaron, y siguen haciéndolo, a los colectivos más vulnerables.

Una solicitud que no cayó en saco roto pues, tras una visita que se ha prolongado 12 días y en la que ha recorrido medio país, Alston dio a conocer sus conclusiones preliminares y éstas constituyen un auténtico rapapolvo a la clase política española por no haberse “tomado en serio” la gestión de los derechos sociales y económicos y, en consecuencia, haber “fallado a los más vulnerables”, afirmó. Al punto -concluye Alston-  en su informe de conclusiones preliminares que ocupa 20 apretados folios de análisis que “el sistema de protección social está hoy roto en España”.

El presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato, manifestó que España tiene un problema de pobreza estructural y multidimensional que tiene que solucionarse de manera inmediata a través de políticas sociales que actúen de manera transversal en todos los ámbitos de la sociedad (vivienda, infancia, juventud, empleo, etc.), recuperando los presupuestos económicos y garantizando los derechos humanos porque éstos -explicó- no pueden esperar más. Y el relator coincide en su análisis en que la crisis económica y su dura repercusión en nuestro país responde a una gestión de la crisis que no sólo golpeó con especial virulencia a los más vulnerables, sino que les ha relegado y olvidado luego, cuando la coyuntura internacional y el despegue interno han permitido unas cotas de recuperación significativa en otras parcelas de ciudadanía. Así, en 2018, el 26,1% de la población española, y un 29,5% de los menores, vivían aún en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que más de la mitad de la población tenía dificultades para llegar a fin de mes y un 5,4% arrojaba ‘privación material severa’.

Esta ‘pereza’ española para aprovechar la recuperación en la reversión de la crisis social se muestra además en sus cifras de inversión en sectores como las personas con discapacidad, las políticas de familia o de acceso a la vivienda, muy inferiores a los de la mayoría de países de la Unión, reconoce el representante de Naciones Unidas. En este contexto, su informe del relator denuncia también “la burocratización” de nuestro sistema de protección social que considera causa añadida de exclusión porque -asegura- “los excesivos requisitos de documentos son un obstáculo para el apoyo”.

Asuntos todos ellos que habían aflorado ya en la reunión de Alston con las organizaciones sociales, que le trasladaron su preocupación por esa situación de pobreza y exclusión social que afecta a unos 12,3 millones de españoles. En el encuentro estuvieron representadas entidades y movimientos sociales que trabajan en el ámbito de la discapacidad, mujer, juventud, cooperación al desarrollo, mayores, adicciones, inmigración, sinhogarismo, voluntariado y también organizaciones que defienden los derechos de los colectivos LGTBi y de los habitantes en entornos rurales. Todas ellas coincidieron en denunciar que, pese a que el Producto Interior Bruto (PIB) ha crecido en España, las políticas sociales no han mejorado, como tampoco lo han hecho las tasas de pobreza y exclusión. Situaciones que, pusieron sobre la mesa, se han visto reforzadas por la gestión llevada a cabo en España de problemas  como el paro, el salario, el acceso a la vivienda o a la salud, que afectan especialmente a estos colectivos, y que son especialmente dramáticas entre los ligados a condición de discapacidad, ser migrante, mujer, joven, persona mayor o vivir en una zona rural. 

En este contexto, al margen de las recomendaciones del relator, las entidades sociales reunidas lanzaron un mensaje al nuevo Gobierno para que ataje cuanto antes estos problemas y se comprometa con medidas firmes con los derechos sociales y la dignidad de las personas.

Cooperación al desarrollo

De la misma manera, durante la reunión con Alston ya habían manifestado la necesidad de que España, además de erradicar la pobreza en su sociedad, pueda contribuir a paliarla también fuera de sus fronteras. En este sentido el presidente de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGD), Andrés Amayuelas, aseguró que España tiene la responsabilidad y la capacidad de recuperar la política de cooperación como una medida para contribuir a erradicar la pobreza en el mundo, garantizar los derechos humanos y la coherencia con los compromisos con la Agenda 2030.

Tras escuchar a las entidades sociales, Philip Alston explicó que en su visita le estaba permitiendo comprobar cómo los problemas descritos son una realidad en todas las regiones de España e indicó que, a su juicio, el país cuenta con un sistema burocrático que genera 'pesadillas' a no pocas personas. “El cambio pasa por un cambio de mentalidad que asegure un nivel de vida decente para toda la ciudadanía”, afirmó en dicho foro, como luego elevó a su vez a los poderes públicos.

Luciano Poyato expresó al término el encuentro su confianza en que el informe final de Alston influya ante el poder ejecutivo para marcar su orientación social y aseguró que desde la Plataforma del Tercer Sector se seguirá trabajando en incidencia política para lograrlo de la mejor manera posible.