El CERMI y la FCM muestran su satisfacción por el arranque de la reforma del Código Penal

El pleno del Senado aprobó el pasado 26 de febrero por 247 votos a favor, dos en contra y una abstención la toma en consideración de la proposición de ley de Ciudadanos (Cs) que pide modificar el Código Penal para acabar con las esterilizaciones forzosas de las personas con discapacidad. Todos los senadores respaldaron la propuesta, salvo los dos representantes de Vox, que votaron en contra, y la de Teruel Existe, que se abstuvo. Impulsada por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y por la Fundación Cermi Mujeres (FCM), la iniciativa parlamentaria busca reformar el Código Penal para eliminar el párrafo concreto que despenaliza las esterilizaciones no consentidas en el caso de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. Ahora puede iniciar su trámite parlamentario.

El senador de Cs Tomás Marcos manifestó que se trata de "un día histórico" y agradeció la implicación a las mujeres y hombres con discapacidad que tanto han trabajado en la promoción de esta iniciativa. En concreto, se refirió a Ana Peláez y a Mayte Gallego, ambas de Cermi Mujeres, y a Jesús Martín, del CERMI Estatal.

En la tribuna, una veintena de mujeres con discapacidad presenciaron el debate y recibieron con un sonoro aplauso la luz verde al trámite parlamentario. Concha Díaz, presidenta de Cermi Mujeres, y Alberto Durán, secretario general de CERMI, estaban entre ellos. Para Marcos, la propuesta busca "llevar el Código Penal al lugar donde ya están el sentido común y la sociedad civil", y subrayó "el miedo que hoy sienten muchas personas, sobre todo mujeres, con discapacidad a ser violentadas en su cuerpos y esterilizadas de forma forzosa".

"No hay razones de peso para mantener el artículo 156 del Código Penal", insistió, y rechazó los tres motivos que "frecuentemente se aducen para justificar esta práctica". "No evita la violencia sexual", continuó Marcos, que resaltó que, de hecho, "hace más vulnerables a las mujeres a sufrir abusos y enfermedades de transmisión sexual". Además, criticó su empleo como método para controlar la natalidad, ya que dijo que esconde "una motivación de tipo eugenésico contra las personas con discapacidad". Por último, calificó de "hiriente" el tercer argumento, el que justifica esta práctica como medio 'para detener el ciclo menstrual'. "Eso es deshumanizar a las personas", manifestó el representante de Cs.

En su opinión, la actual redacción del Código Penal atenta contra la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y contra la propia legislación española: "vulnera -aseguró- el derecho a la salud, a fundar una familia, a decidir el número de hijos que se desean tener, a la integridad física, etc". Y pidió informar a los profesionales sanitarios sobre los efectos negativos de esta práctica, al tiempo que reivindicaba el derecho de las personas con discapacidad a recibir los apoyos necesarios para tomar sus decisiones de forma libre e informada, tal y como también recoge la ley.

La iniciativa recibió el voto favorable de los grupos Socialista, Popular, Izquierda Confederal (Más Madrid, Adelante Andalucía, En Comú Podem, Compromís, Geroa Bai y Més per Mallorca), Esquerra Republicana-EH Bildu, el Nacionalista (Junts per Catalunya, Coalición Canaria/Partido Nacionalista Canario); Vasco (EAG-PNV); y de la práctica mayoría del Mixto en el Senado.

Sólo se manifestaron en contra los senadores de Vox. Su portavoz, Jacobo González-Robatto, calificó la propuesta de "hipócrita", ya que "el grupo que habla de humanidad está a favor de la ley del aborto, que acaba con la vida de miles de bebés con discapacidad. Estos también necesitan ser defendidos, y por ello votaremos en contra". En su opinión, la esterilización forzosa de personas con discapacidad "no es una práctica extendida y se realiza con control judicial y con garantías".

Congratulación del CERMI y de la FCM

La Fundación Cermi Mujeres y el CEERMI han expresado por contra su "satisfacción" ante lo que han calificado de "hito histórico" después de que el Senado haya aprobado la toma en consideración de esta proposición de Ley. Tras aprobarse, el presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez, indicó a Europa Press que, una vez que esta iniciativa "crucial" se haya aprobado definitivamente, hará que el ordenamiento jurídico español y la vida en general sea "más digna, más decente y más respetuosa con los derechos humanos de todas las personas". En este sentido, Pérez Bueno explicó que el sector asociativo de la discapacidad espera que el proceso que se inicia esté culminando en unos meses y que se destierre del Código Penal "una práctica que conculca abiertamente los derechos humanos de las personas con discapacidad, en especial de la mujeres y jóvenes, porque responde a un claro sesgo por razón de género".

La veintena de mujeres con diferentes tipos de discapacidad que acudieron al debate en la Cámara Alta expresaron a través de Cermi Mujeres que esta práctica ha venido siendo, cualitativamente ,"una de las vulneraciones de derechos humanos más flagrantes perpetradas en el Estado español". Además, denuncian que las esterilizaciones no consentidas atentan frontalmente contra los principios y mandatos de tratados internacionales como la Convención de la ONU o el Convenio de Estambul. Prácticas como esterilizaciones forzosas, abortos coercitivos o la falta de accesibilidad a los servicios de atención sexual y reproductiva, entre otras cuestiones, "son fruto de la eterna infantilización que se hace de las mujeres con discapacidad, a quienes se les cuestiona su capacidad de reproducirse por desconfianza; prejuicios de una sociedad que todavía es, en muchos casos, capacitista y patriarcal”.