La declaración del estado de alarma, decretada por el Gobierno el 14 de marzo por la crisis del coronavirus con el objetivo de limitar la libertad de circulación de las personas, ha provocado que el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad  (CERMI) haya reclamado a los poderes públicos una protección 'reforzada' y 'más intensa' a las personas con discapacidad y sus familias y cuidadores en las medidas contra los efectos de la pandemia, dada su posición de mayor necesidad objetiva.

Como opción instrumental, el CERMI destaca que “hay que garantizar la accesibilidad a los contenidos informativos y comunicaciones que las autoridades públicas están dirigiendo a la población general sobre la pandemia,,, Si la comunicación no es universalmente accesible, los mensajes de salud pública no están llegando a toda la ciudadanía en una situación de emergencia nacional, con lo que se perjudica a las personas con discapacidad”, indica el Comité.

Respecto de las medidas de fondo, el movimiento de la discapacidad ha exigido a los gobiernos autonómicos y administraciones locales que, como responsables de los servicios sociales, durante las clausuras o cierres y suspensiones de servicios, la financiación de la Administración pública continúe, y “no se haga recaer el quebranto económico sobre las entidades que gestionan esos servicios sociales de atención a personas, por delegación pública, como si se las castigara cuando se trata de una situación de fuerza mayor”.

En relación con una posible prestación transitoria de Seguridad Social que podría crearse para los progenitores que deban permanecer en el domicilio cuidando a sus hijos, cuyos colegios o centros de atención social hayan cerrado, el CERMI ha pedido que se incremente un 25% si dichos hijos tienen reconocida discapacidad, dado el mayor sobrecoste que comporta la atención a las situaciones y circunstancias que comportan. Además, tal y como ha apuntado también la entidad, “en este caso, no basta con la prestación pensada para cierres de colegios, sino también de centros de servicios sociales (servicios de atención temprana, centros ocupacionales, centros de día, etc.), pues muchas personas con discapacidad reciben asistencia en esa tipología de recursos, que deben tener la consideración asimilada a centros lectivos”.

En el ámbito de la inclusión laboral, y respecto de los centros especiales de empleo de iniciativa social que se vean cerrados o en cese de actividad obligada, el CERMI ha planteado que se eleve transitoriamente la subvención del Salario Mínimo Interprofesional por cada trabajador con discapacidad de especiales dificultades de inserción al 65%.

Y, por último, en materia puramente sanitaria, el CERMI ha pedido a los poderes públicos que “extremen el diálogo civil y las consultas y escucha activa con el sector social de la discapacidad en la gestión de esta crisis de salud pública, para que esta parte de la ciudadanía no quede desprotegida o en posición de mayor exposición a los efectos de la pandemia”.

Acceso a la vía pública

En cuanto a las condiciones de acceso a la vía pública, el Comité pidió al Ministerio de Interior que dictara una instrucción dirigida especialmente a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y al resto de autoridades y agentes que actúan como fuerza pública, para que las personas con discapacidad pueden acceder a la vía pública en la medida de sus necesidades específicas durante la vigencia del estado de alarma decretado por el Gobierno para hacer frente a la pandemia de COVID-19.

En una misiva dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, la plataforma representativa de la discapacidad en España valora que el Real Decreto por el que se declara el estado de alarma contemple en su artículo 7 como excepciones para poder salir a la calle las necesidades que puedan tener ciertas personas con discapacidad que -explica- “no pueden, por razones perentorias asociadas a su discapacidad, permanecer indefinidamente en sus domicilios, confinadas, y necesitan ineludiblemente acceder a la vía pública para evitar episodios de colapso personal con grave afectación de su conducta, de sus condiciones de salud y de bienestar psicofísico y emocional”, indica el CERMI en su carta, en la que pone como ejemplos discapacidades como la intelectual, del desarrollo, el trastorno del espectro del autismo, el asperger, la psicosocial o enfermedad mental, y otras de efectos análogos.

En este aspecto, la reclamación del CERMI tuvo rápida respuesta, con la publicación el 20 de marzo en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de una instrucción del Ministerio de Sanidad (0,23 MB) que permite expresamente las salidas del domicilio por 'motivos terapéuticos' para determinadas personas con discapacidad que no pueden soportar confinamientos indefinidos en sus viviendas.

La instrucción de Sanidad de criterios interpretativos del real decreto responde así a las demandas del movimiento social de la discapacidad, que en las últimas fechas venía reclamando al Ejecutivo la necesidad de regular ciertos aspectos para este colectivo y sus familiares con plena seguridad jurídica y que no se enfrenten a posibles sanciones por parte de la autoridad pública.

“Estas personas, o quien las acompañe en su tránsito por la vía pública, deberán ir provistas  del certificado oficial que acredite el grado de discapacidad o de documento de facultativo sanitario o social que declare la respectiva situación de salud, que presentarán a los agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad y demás agentes públicos, si son requeridas”, dice el CERMI, quien ensalza la tarea que están desempeñando en estos momentos las fuerzas públicas.

Reforzar la protección ante el contagio

El CERMI ha elaborado  además un prontuario con las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias, con el fin de que sean tenidas en cuenta en la gestión inmediata de la pandemia por Covid-19 por parte de todas las administraciones públicas. Dicho documento incluye una serie de recomendaciones que se enmarcan en los mandatos de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, tratado de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado, entre los que se encuentra España.

En primer lugar, el CERMI subraya la relevancia de que se garantice la accesibilidad (subtitulado, lengua de signos, lectura fácil, audiodescripción, etc.) de la información que se facilita a la ciudadanía para evitar infecciones, planes de restricción públicas y los servicios y recursos disponibles, lo que incluye las comparecencias de portavoces de salud pública, gobernantes y autoridades, así como la información que se proporcione por canales digitales. Asimismo, señala que deben ser también accesibles los servicios de atención online y telefónicos.

La entidad reclama también a las autoridades sanitarias y sociales, de ámbito estatal y autonómico, que prioricen la aplicación de pruebas diagnósticas rápidas a las personas con discapacidad que residen en instituciones colectivas y a los trabajadores que las apoyan y atienden, como población diana en riesgo extremo. En este sentido, pidió también que estos test rápidos se extiendan a las personas con discapacidad que viven en sus domicilios dadas sus grandes necesidades de soporte y que reciben apoyos por parte de asistentes personales y otros profesionales de la atención social directa, así como a estos mismos trabajadores.

Requerimientos de COCEMFE

No ha sido el CERMI la única organización del sector que ha planteado una respuesta específica ante la afección de esta crisis para las personas con discapacidad. En este sentido, la declaración del estado de alarma ha autorizado excepcionalmente la circulación de personas que se dediquen a la asistencia y cuidado de personas mayores, menores, personas en situación de dependencia, con discapacidad o especialmente vulnerables. Además, permite también la circulación de acompañantes de personas con discapacidad, siempre que la actividad que realice se encuentre dentro de las permitidas como, por ejemplo, adquisición de alimentos o productos farmacéuticos y de primera necesidad; asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios; desplazamiento al lugar de trabajo para efectuar su prestación laboral, profesional o empresarial; retorno al lugar de residencia habitual, etc.

Por otra parte, aunque se suspende la apertura al público de los locales y establecimientos minoristas, se mantendrán abiertos aquellos locales y establecimientos farmacéuticos, médicos, de productos ortoprotésicos, ópticas y productos higiénicos, además de alimentación, bebidas, bienes de primera necesidad y otros.

Pues bien, estas medidas responden en buena medida a la petición realizada por COCEMFE para que el estado de alarma no olvidara proteger los servicios y centros para personas con discapacidad y/o en situación de dependencia. “Muchos de ellos requieren del concurso de una tercera persona, de manera formalizada o informal, para desempeñar las actividades básicas de la vida diaria o el desenvolvimiento de su autonomía personal”, afirmó al respecto el presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

En su opinión es fundamental que las personas con discapacidad o en situación de dependencia que no tienen soporte familiar ni otro tipo de apoyo sigan siendo atendidas, en centros sociosanitarios o en su propia vivienda a través de asistencia personal o ayuda en el domicilio. En este sentido, se trabaja para dar la correspondiente cobertura y que todas las personas en estas circunstancias sean atendidas.

“Damos las gracias y nuestro más sentido aplauso a todas las personas que estos días están realizando su labor por el bien común, en especial a los profesionales de nuestro movimiento asociativo, al personal sanitario y a las personas cuidadoras de personas con discapacidad y/o en situación de dependencia”, afirma la Confederación que agrupa en España a las personas con discapacidad física.