El presidente de la Plataforma del Tercer Sector (PTS), Luciano Poyato, denunció el 21 de mayo la decisión del Ministerio de Derechos Sociales de recortar -en plena pandemia- la financiación a las ONG estatales de Acción Social. Según explicó Poyato, el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, le ha transmitido que las entidades estatales gestionarán el 14% de lo recaudo por la casilla de Fines Sociales (la ‘X Solidaria’) en la declaración de IRPF 2019, que ahora culmina, en lugar del 20% que se les destinaba hasta la fecha.

Según informa la agencia Efe, el representante de la PTS calcula que esto supondrá para el sector un recorte de, aproximadamente, 14,5 millones de euros (sobre la recaudación de 283 millones de euros del anterior ejercicio), destinados a garantizar la solvencia de las entidades sociales estatales “y seguir trabajando en favor de las personas que verdaderamente lo necesitan”, indica Poyato. Y teme que el planteamiento se reproduzca de cara a los siguientes ejercicios, hasta “terminar desapareciendo cualquier participación del Estado y de las organizaciones de acción social a nivel estatal en el 0,7% del IRPF”, en favor de los repartos puramente autonómicos, según teme el representante de la Plataforma.

La medida adquiere, en su opinión, especial gravedad en momentos en los que el papel de las entidades estatales es más esencial que nunca por su tradicional y experimentada experiencia en el sostenimiento de las necesidades de los colectivos más vulnerables. Así lo han demostrado -recuerda- con su contribución durante el estado de alarma, ante unos servicios sociales habitualmente desbordados, constituyéndose en clave para el apoyo de las personas más vulnerables.

Hasta ahora, tras una resolución del Tribunal Constitucional, el total recaudado del 0,7 % del IRPF de la ‘X Solidaria’ era gestionando en un 80% por las Comunidades Autónomas y en un 20 % por el Estado. Además, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado, dictó que la recaudación a través de esta casilla debía articularse como una convocatoria supraterritorial y destinarse en su totalidad a proyectos de interés social presentados por entidades de acción social de ámbito estatal, argumenta Poyato.

La PTS denuncia también la decisión de la Secretaría de Estado de Asuntos Sociales de reducir los recursos financieros destinados a las entidades de Acción Social estatales en casi un 23%, para destinarlos a proyectos de cooperación y medioambientales, que –considera Luciano Poyato- deben recuperar los medios económicos que se le han “injustamente recortado”, pero con cargo a otros mecanismos de financiación.