La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE https://www.cocemfe.es/) expresó el pasado 22 de julio su disgusto por la resolución de la Comisión para la Reconstrucción del Congreso de los Diputados, en la que se ha desechado finalmente incluir la enmienda (presentada a través del CERMI) para establecer un marco regulatorio en el área de Sanidad y Salud Pública que impulse la financiación por parte de la industria farmacéutica de actividades realizadas por asociaciones de pacientes.

La restricción de esta línea financiera en un momento como el actual -denuncian- “pone en riesgo la sostenibilidad de las organizaciones que prestan un servicio esencial a miles de personas con discapacidad y enfermedades crónicas”, en palabras d l presidente de COCEMFE, Anxo Queiruga.

Lamenta también el rechazo del Congreso al dictamen del área de Políticas Sociales y Sistema de Cuidados, que recogía otras importantes medidas en favor de las personas con discapacidad. “Recibimos con gran preocupación que el Congreso de los Diputados no haya sido capaz de llegar a un acuerdo para aprobar la hoja de ruta encaminada a definir el futuro del sistema de cuidados y de políticas sociales para hacer frente a las consecuencias provocadas por la pandemia y evitar su repetición en caso de rebrote”, afirmó Queiruga que trasladó a los diferentes grupos parlamentarios la necesidad de “alcanzar un acuerdo de Estado en esta materia”.

Entre las medidas que incluía el dictamen que no ha sido aprobado, se encuentra la revisión del sistema de atención institucional de este grupo social para adecuarlo a las previsiones de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que explícitamente reconoce su derecho a la autonomía personal y a una vida independiente, con especial atención a la garantía de su permanencia en el hogar cuando sea posible. O el impulso de medidas efectivas para la supresión de barreras arquitectónicas en viviendas e instalaciones públicas; la garantía de los derechos contemplados por el 2º Manifiesto de los Derechos de las Mujeres y Niñas con Discapacidad de la Unión Europea; o la mejora de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.