El CERMI expresa su “satisfacción” por la incorporación de sus demandas por parte de la ONU

El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha instado a España a reforzar la protección legal de las personas con discapacidad tras su último Examen Periódico Universal (UPU) sobre derechos humanos relativo a nuestro país, y en el que el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha participado activamente mediante la presentación de una batería de recomendaciones sobre ese sector de nuestra población que -reconoce- han sido aceptadas en un 58% de las materias planteadas por el Estado español.

El objetivo de la ONU con estas evaluaciones es mejorar la situación de los derechos humanos de sus Estados parte y abordar sus posibles violaciones. En el caso español, este año ha transmitido un total de 25 recomendaciones y apreciaciones respecto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, a partir de esas propuestas y reivindicaciones remitidas por el CERMI en un informe alternativo al presentado por la Administración. Este Comité es el máximo representante estatal de personas con discapacidad en España y ha expresado su “satisfacción” ante esa incorporación de sus demandas, que responden a la “preocupación” e “interés” sobre cuestiones tan importantes como la accesibilidad en los servicios de atención a la salud, el fomento del empleo de las personas con discapacidad o la promoción de la educación inclusiva, entre otras. El Estado ha aceptado el 58% de ellas, un resultado “más que positivo”, señala el CERMI, porque determina y revaloriza su papel como cooperador independiente de seguimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (0,23 MB), en los órganos de Naciones Unidas.

Recomendaciones aceptadas

En concreto, el EPU recomienda a España ajustar la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia a la Convención de la ONU para ‘garantizar la accesibilidad en todos los ámbitos’ y aplicar las sanciones pertinentes en caso de incumplimiento de esta normativa.

Ello materializaría el derecho a la asistencia personal, una de las mayores demandas en la trayectoria del CERMI, reforzada a raíz de la crisis sanitaria, social y económica por el coronavirus que ha puesto de relieve la necesidad de adoptar y aplicar una estrategia integral de desinstitucionalización.

La educación inclusiva también forma parte de estas reivindicaciones, en la línea de avanzar en la dotación de los recursos necesarios a los centros formativos que cuentan con alumnos con discapacidad, asegurando que gocen de “las mejores condiciones posibles”. Y hay también un grupo de sugerencias en la lucha ante la discriminación contra las mujeres y las niñas con discapacidad, en particular las que tienen discapacidad intelectual o psicosocial, y protegerlas contra esas formas de discriminación, y consignar recursos suficientes para respaldar esos esfuerzos.

En paralelo, la ONU insiste en “proseguir las iniciativas de promoción de los derechos del niño, de las personas con discapacidad y de las mujeres y fomentar las actividades de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo”. La educación, la autonomía y la participación resultan asuntos clave para la consecución de estos derechos.

Estrategia por la discapacidad

Pero quizá la más significativa de las aportaciones del CERMI aceptadas por el Estado es la de establecer una ‘estrategia nacional’ para mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad. Un proyecto que arranca de las medidas de promoción del empleo de este sector de la población, garantizando al tiempo la accesibilidad universal y la disponibilidad de los servicios de salud para el colectivo.

Por último, el Consejo de Derecho Humanos de la ONU aporta otras recomendaciones a España, de especial relevancia y de “sumo interés para dar consecución a los mandatos de la Convención de la Discapacidad y de la Agenda 2030”, aunque no directamente ligadas a las propuestas del CERMI. Éstas ponen el foco en la no discriminación de las personas pertenecientes a grupos vulnerables, así como la inclusión de la perspectiva de género y discapacidad en las futuras políticas de adaptación al cambio climático.